Petróleos Mexicanos (Pemex) abrirá la puerta a las grandes empresas trasnacionales de la energía para permitirles explorar y explotar sus yacimientos petroleros mediante los llamados contratos incentivados. Y eso comenzará a ocurrir en las primeras semanas del próximo año, cuando la empresa haga pública una convocatoria a participar en una nueva modalidad de inversión, alertaron expertos.

Una privatización de facto y, al mismo tiempo, un paliativo para tratar de frenar el desplome de la producción del principal energético del país con la intención de garantizar el abasto local pero que poco o nulo beneficio significará para las miles de pequeñas y medianas empresas y, en consecuencia tampoco para la economía nacional, advirtieron Gilberto Ortiz Muñiz, presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), y Sarahí Ángeles Cornejo, especialista sobre la industria petrolera del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM.

El hecho de que el gobierno federal tenga que recurrir a la contratación de terceros para la exploración y explotación de sus recursos energéticos en el subsuelo no es más que el reflejo del fracaso e incapacidad que ha tenido para restituir las reservas petroleras, lo cual no había ocurrido antes, aseveró Gilberto Ortiz.

Invitadas, sólo grandes empresas

Los contratos integrales de exploración y producción (contratos integrales EP), como oficialmente los denominó Pemex, están diseñados a gusto de las grandes compañías y debe recordarse que para promocionarlos en el Foro de Davos de este año el mismo ex secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, dijo a los inversionistas que las empresas petroleras del mundo participaron activamente en su elaboración, dijo la investigadora.

Sólo las empresas más grandes podrán participar en la repartición de ese pastel, lamentó Sergio Cervantes Rodiles, presidente de Canacintra, quien consideró que la apertura del sector energético debe llevarse a cabo sin perder lo que nos corresponde a los mexicanos.

La investigadora señaló que lo que se logre extraer del subsuelo con esos contratos será poco en comparación con lo que el país necesita simplemente recuperar por todo el petróleo que ha dejado de producir, casi 800 mil barriles de 2005 a 2010, así que ese problema no se va a resolver y la intención es sólo liberalizar el sector energético a las empresas extranjeras, sobre todo de Estados Unidos.

Para José Antonio Rojas Nieto, del Observatorio Ciudadano de la Energía, los contratos desdibujan lo sustancial de Pemex y manipulan el concepto de renta petrolera. Consideró que el gobierno fue cuidadoso en su diseño al grado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación los avaló frente a la controversia constitucional que interpuso en su contra la Cámara de Diputados, pero permiten que se asignen áreas exclusivas a privados para que realicen obras y entreguen el gas y petróleo que descubran y extraigan aunque formalmente no son concesiones de áreas que pertenecen a la nación.

De entrada los contratos a licitarse serán para los campos petroleros maduros que han sido abandonados pero todavía tienen recursos y ese es el primer paso para abrir la exploración y explotación a otras zonas, como las aguas profundas, y las beneficiadas serán las trasnacionales, insistió Ángeles Cornejo.

Nadie más tiene el tamaño económico y la tecnología para hacer ese tipo de trabajos. No hay empresas mexicanas que puedan hacerlo y evidentemente se excluye a las pequeñas y medianas empresas del país porque la experiencia en obras muestra que en las licitaciones y contratos del gobierno no existe alguna cláusula de los contratos que obligue a las trasnacionales a subcontratar compañías locales, así que es de esperar que quien gane haga lo que quiera, abundó Gilberto Ortiz.

Advirtió que aun cuando repunte la producción petrolera con estos contratos, poco va a fluir hacia la industria nacional que está conformada por las pymes y mucho menos podrá reactivarse el mercado interno, el cual es base para que la economía nacional crezca.

Sin que se haya llevado a cabo la reforma energética a la que aspira el gobierno, se cede cada vez más la exploración y explotación petrolera a particulares, en concordancia con la intención de quitarle fuerza al Estado, como ha ocurrido desde 1982 aunque petróleo hay. No hay una política integral energética y las autoridades sólo buscan explorar y explotar el petróleo como sea, advirtió.