Ciudad Juárez, Chih., 18 de diciembre. Una maderería propiedad de José Monge Marroquín, esposo de Marisela Escobedo Ortiz –asesinada la noche del jueves frente al palacio de gobierno–, fue quemada en esta ciudad. Durante el ataque, un comando armado levantó a Arturo, hermano del propietario, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Testigos dijeron que alrededor de las 9:42 horas, un grupo de al menos 10 hombres irrumpió en el local, levantó al copropietario de Maderería y Materiales Monge, roció el inmueble con gasolina y le prendió fuego.

Bomberos acudieron a sofocar el siniestro, pero el negocio sufrió daños totales en su estructura y en el material que albergaba.

Carlos González, vocero de la FGE, dijo que aún no puede establecerse que el incendio y el levantón tengan relación con la muerte de Escobedo Ortiz.

El ataque fue perpetrado cuando los restos de la activista eran velados por familiares en una funeraria de Ciudad Juárez, a la que la policía del estado destacó vigilancia.

La noche del viernes, Alejandro y Juan Manuel Frayre, hijos de la activista, arribaron a Juárez con el cuerpo, escoltados por patrullas policiacas. Cientos de juarenses esperaron la carroza para expresar a los deudos su pésame y rendir homenaje a Escobedo Ortiz antes de que trasladaran sus restos a una funeraria.

Carlos Silveira Sayto, representante del gobernador César Duarte Jáquez, se reunió en privado con la familia para darle el pésame.

El cuerpo de Escobedo Ortiz fue trasladado a la funeraria Perches. Activistas y madres de mujeres desaparecidas se cubrieron el rostro para reflejar el miedo que se vive en Juárez, señalaron.

Adelantan sepelio

Por miedo a otro atentado, el funeral de Escobedo, programado para el domingo, fue adelantado. Escoltado por patrullas de la policía única estatal, el cortejo fúnebre se trasladó al camposanto Jardines Eternos a las 14:50 horas locales. Decenas de vehículos de familiares, amigos y activistas iban en la caravana.

En la capital del estado, ciudadanos y activistas colocaron veladoras en el sitio donde murió Escobedo Ortiz y planean rodear el palacio de gobierno como una forma de presión para que las autoridades esclarezcan el homicidio, así como la agresión de hoy contra sus deudos.

Convocados por Justicia para Nuestras Hijas, los ciudadanos llevan veladoras hasta las puertas de la sede del gobierno estatal, donde algunos rezan.

Otros colocan mensajes en hojas de papel sobre el monumento a las mujeres asesinadas levantado en la plaza Hidalgo, expresan indignación y censuran a las autoridades por la ineficacia en resolver la violencia.

En la plaza donde la mataron permanecen las mantas escritas a mano por la propia Escobedo Ortiz con su reclamo de justicia.

Se dio a conocer que otras activistas están amenazadas de muerte y no tienen protección. Al menos son ocho, entre ellas Evangelina Arce, vicepresidenta del Comité Independiente de Chihuahua Pro Derechos Humanos, a quien en 2006 le mataron a su nieto Ángel Octavio Atayde Arce, hijo de Silvia Arce, desaparecida en 1997 por integrantes de la extinta Policía Judicial Federal junto con Griselda Mares.

El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Gustavo de la Rosa Hickerson, adscrito al Operativo Coordinado Chihuahua, criticó la falta de criterio del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) del estado por permitir una injusticia y que se ofenda la decisión de los jueces suspendidos, que sólo aplicaron la ley.

La responsabilidad de que saliera libre el homicida de la menor Rubí Marisol y sospechoso de ordenar el asesinato de la madre de ésta, Marisela Escobedo, es la ex procuradora Patricia González Rodríguez y el Ministerio Público, que no aportaron pruebas para que fuera condenado, agregó.

Consideró grave que las autoridades estatales y la PGR no hayan actuado contra Sergio Rafael Barraza, homicida confeso de Rubí, ya que luego de que tres jueces lo dejaron libre por falta de pruebas se le realizó el juicio de casación, en el cual se encontraron evidencias para sentenciarlo, en ausencia, a 50 años de prisión.

Es grave también que en unas cuantas horas la STJ haya suspendido a los jueces en lugar de defenderlos, ya que sólo aplicaron las leyes vigentes en el estado, apuntó.