Frente al aumento de apenas 17 por ciento que ha registrado el salario mínimo durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, el precio de la tortilla se ha encarecido 100 por ciento y 2011 arrancará con un nuevo incremento de dos pesos en promedio, aseguró Víctor Suárez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec).

El gobierno no puede eliminar esa alza con advertencias de clausuras y multas a las tortillerías, menos si en aras de un ficticio libre mercado ha renunciado a regular la producción y distribución de alimentos, principalmente de los granos básicos, como se hacía hasta 1999 con la Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), advirtieron Víctor Suárez y Argelia Salinas Ontiveros, esta última especialista en temas agropecuarios del Instituto de Investigaciones Económicas (IEE) de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Conasupo representaba un factor de estabilización para la producción y abasto de alimentos en el país, y el gobierno federal no ha entendido que aún las economías más abiertas y desarrolladas, como las europeas y la de Estados Unidos, cuentan con un organismo similar que garantiza su soberanía alimentaria, señaló la especialista.

Creada a mediados de 1960, aunque sus antecedentes se ubican 30 años antes, la Conasupo no sólo tenía la función de distribuir productos básicos de bajo costo a la población de menores recursos, sino también participaba en la producción de alimentos, ya que entregaba semillas y subsidios a los campesinos pobres para luego comprarles sus cosechas a precios de garantía.

La Conasupo comenzó a ser desmantelada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y finalmente desapareció en 1999, por decreto del entonces presidente Ernesto Zedillo, como parte de la liberación de la economía, que incluía al sector agropecuario, sin que se tomara en cuenta la importancia que tenía tanto para la soberanía alimentaria como para la estabilidad social, comentó Salinas Ontiveros.

El Estado mexicano realmente ha renunciado a todas sus responsabilidades, como no ha hecho ningún otro Estado en el mundo, por una política errónea de puertas abiertas indiscriminadamente y ahora resentimos esas consecuencias, como el encarecimiento de la tortilla, principal alimento de la población, ya que se le deja sujeta a los vaivenes del mercado, el cual es controlado por las grandes trasnacionales, puntualizó.

La tortilla se ha encarecido 100 por cientoFoto María Luisa Severiano

Víctor Suárez consideró que ni siquiera hace falta volver a contar con un organismo como la Conasupo para regular el mercado, aunque sí pueden retomarse alguna de sus enseñanzas, pero el problema es que mientras continúa el encarecimiento y especulación del maíz a escala mundial, las autoridades hacen caso omiso de su responsabilidad y obligación de regular el mercado, como controlar las importaciones y exportaciones, así como contar con reservas estratégicas de alimentos en manos privadas y organizaciones sociales, pero reguladas por el Estado.

La tortilla está subiendo de precio en estos días para venderse en promedio en 10 o 12 pesos por kilo, dependiendo de la región del país, y subirá más en enero, febrero y marzo de 2011, porque el maíz no deja de encarecerse en los mercados internacionales y la próxima cosecha de Sinaloa, que saldrá en mayo, junio y julio, ya se está contratando a 3 mil 200 pesos por tonelada, a los que hay que sumar los incrementos a los energéticos y otros costos, enfatizó.

El gobierno no aprendió

Víctor Suárez y Argelia Salinas criticaron que, pese a que el actual gobierno comenzó funciones con una crisis de la tortilla, no aprendió la lección, porque la demanda del maíz y la tortilla es constante y la oferta se reduce ficticiamente, porque se habla de caída en la producción cuando se han roto récords de cosechas.

Sostuvieron que las autoridades aplican los mismos criterios erróneos del dogma y mito del llamado libre mercado, por lo que no puede esperar resultados diferentes de seguir haciendo lo mismo.

“Dejan que el sistema agroalimentario quede vinculado a la especulación internacional y a los monopolios internos. En el tortillazo de 2007 el gobierno anunció pactos para estabilizar el precio del alimento y la importación de maíz, que sólo beneficiaron a las grandes empresas trasnacionales, o bien amenaza con sanciones de la Procuraduría Federal del Consumidor. Ahí están los resultados: no pasó nada y el problema se repite. El gobierno tiene una actitud esquizofrénica, porque un día anuncia el aumento de las exportaciones a Centro y Sudamérica y luego promueve urgentemente importaciones de África para cubrir el déficit de la producción”, sentenció Víctor Suárez.