El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el panista Felipe González, presentó una iniciativa de ley para reformar el arraigo con la finalidad de evitar las denuncias por violaciones a los derechos humanos. La modificación que propone es que para otorgar el arraigo, la autoridad deberá escuchar al inculpado, a petición del Ministerio Público, tratándose de delitos de delincuencia organizada.

La decisión de haber llevado a la Constitución la figura del arraigo, obedece, a decir del senador, a la escalada de violencia desatada por la delincuencia organizada para inhibir la acción de las fuerzas de seguridad en su contra.

Al entrar en vigor el decreto que hizo constitucional el arraigo, su aplicación estaba dentro de los parámetros normales, ya que el porcentaje de consignaciones a que da lugar su implementación cae dentro de lo que se considera normal: 90 por ciento. Esta tasa de consignaciones demuestra que la medida fue acertada, señaló.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó durante los Diálogos por la Seguridad, que encabezó recientemente el presidente Felipe Calderón, que la figura del arraigo hace más eficiente el trabajo de esta dependencia.

En esa ocasión, refirió el senador, la PGR dijo que del total de arraigos obtenidos por la dependencia 90 por ciento es consignado ante un juez; de éstos se libra orden de aprehensión a 90 por ciento, y de esa cifra al menos a 90 por ciento le es dictado acto de sujeción a proceso.

No obstante, precisó que ha habido denuncias de ciudadanos que fueron arraigados y sostienen que les fueron violados sus derechos. Un caso, subrayó, es el de los funcionarios de Michoacán, quienes prácticamente han salido libres en su totalidad.

Sostuvo que es prudente conservar y mantener esta herramienta para el combate a la delincuencia organizada, pero debe modificarse con la finalidad de que los indiciados cuenten con derecho a ser escuchados por el juez, condición sin la cual el órgano judicial no puede resolver la solicitud de arraigo del agente del Ministerio Público.

La decisión de legalizar el arraigo está dando resultados a la PGR, ya que de enero a junio de este año se dictaron un total de 13 mil 70 sentencias condenatorias en materia federal, de un universo de 22 mil 951 averiguaciones previas consignadas en el mismo lapso al Poder Judicial.

Ello significa que en seis de cada 10 averiguaciones consignadas se dictó sentencia. Todavía hay mucho que mejorar, pero el indicador muestra una tendencia positiva en los años recientes, concluyó.