La Habana, 22 de diciembre. Cuba extendió a un nuevo caso la moratoria de la pena de muerte, al condenar a 30 años de prisión al salvadoreño Francisco Antonio Chávez Abarca, por la organización y la ejecución de atentados con explosivos contra objetivos turísticos en la isla en 1997, en uno de los cuales murió un turista italiano.

Al tomar la decisión, el tribunal provincial popular de la ciudad de La Habana tuvo en cuenta lo aprobado en abril de 2008 por el Consejo de Estado respecto a la sanciones de muerte que fueron conmutadas, así como el arrepentimiento del acusado, informó el diario oficial Granma.

El presidente Raúl Castro anunció el 28 de abril de 2008 el acuerdo del Consejo de Estado de conmutar casi todas las penas de muerte que entonces estaban en espera de ejecución. Aunque no hay precisiones de fuentes oficiales, medios opositores calculaban que en ese momento se beneficiaron casi 50 condenados.

Sin mencionar sus nombres, Castro expuso entonces que el gobierno estudiaría los expedientes de los también salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, autores materiales de atentados en 1997 y quienes fueron condenados a muerte en 1999. A principios de este mes, sus sentencias fueron conmutadas por las de 30 años de cárcel.

Granma reportó que en las declaraciones ante el tribunal quedó probado que Chávez Abarca, de 38 años de edad, reclutó, adiestró, organizó y financió a ciudadanos guatemaltecos y salvadoreños, que vinieron a la isla a poner explosivos en hoteles y restaurantes.

Entre los testigos, añadió el diario, estuvieron Cruz León y el guatemalteco Nader Kamal Musallam Bakarat, quien fue detenido aquí en 1998 por intentar nuevos atentados y ahora cumple una sentencia de 15 años de prisión.

La vista oral del juicio se inició el lunes, en la sala de delitos contra la seguridad del Estado del tribunal. Granma, y dijo en la víspera que Chávez Abarca reconoció haber cumplido órdenes directas de Luis Posada Carriles, autor intelectual confeso del sabotaje en 1976 al avión civil cubano en el que murieron sus 73 ocupantes, y de los atentados de 1997.

Chávez Abarca fue detenido en Caracas el pasado primero de julio, cuando intentaba entrar a Venezuela con identificación falsa, y llegó deportado a Cuba seis días más tarde, en respuesta a un alerta roja de la Interpol.

Resueltos esos casos, el único sentenciado a muerte parece ser Humberto Eladio Real Suárez, un ciudadano cubano que mató al pescador Arcelio Rodríguez García en la localidad pesquera norcentral de Caibarién, durante una incursión armada procedente de Estados Unidos, en 1994.

Aludiendo a Cruz León, Rodríguez Llerena y Real Suárez, Raúl Castro anunció en 2008 que la decisión final de esos casos no estará en contradicción con la política expresada anteriormente, la que evita aplicar la pena de muerte.

Según la explicación de Castro, las sentencias conmutadas entonces fueron dictadas en su mayoría por asesinato y la decisión que evitó los fusilamientos se tomó no por presiones, sino como un acto soberano, en consonancia con la conducta humanitaria y ética que caracteriza a la revolución cubana desde sus inicios.

La pena de muerte no se aplica en Cuba desde 2003, cuando fueron fusilados tres secuestradores de una lancha de pasajeros que intentaban emigrar ilegalmente del país. Además de la isla, en América sólo Estados Unidos y Guatemala mantienen esa sanción.