l calderonismo ya es un destacado y declarado peligro internacional. El país a la deriva, controlado por cárteles nacionales o sus derivaciones regionales, exporta su producción delictiva y genera preocupación y enojo en gobiernos extranjeros. No son accidentes ni excepciones, sino consecuencias netas del caos que el felipismo ha ido instalando aplicadamente en el país: al norte, los gringos se asustan por la violencia del patio trasero e instalan soldados y barreras mientras analizan las posibilidades de intervenciones armadas o tutelajes rígidos, y los canadienses ponen freno a las facilidades de tránsito de los mexicanos, imponiendo el requisito de la visa para frenar éxodos y abusos; al sur, los centroamericanos comprueban dolorosamente que la tierra mexicana se ha convertido en infierno de mentira, corrupción, impunidad, violencia y muerte, convertidos los migrantes en mercancía disputada por delincuentes formales, policías, agentes y funcionarios de toda índole.

Felipe miente a los centroamericanos cuando hace decir al aparato gubernamental mexicano que no existió el secuestro de medio centenar de viajeros sin documentos legales (o que no se tienen datos formales que aporten constancia de él, a pesar de múltiples testimonios que lo dan por cierto). Y esa mentira lleva a los representantes de tres países centroamericanos (Honduras, Guatemala y El Salvador) a emitir un comunicado conjunto en el que exigen a Los Pinos que investigue los graves hechos y castigue a los responsables. Pero el jefe de las armas mexicanas no ve y no quiere ver más allá, entretenido más en los cálculos electorales 2012 que nomás no le salen y en pronunciar discursos llenos de optimismo insultante, reproches bumerán y consideraciones vaporosas.

La guerra de Calderón contra el narcotráfico provocó tales desajustes y envilecimiento que los factores de una criminalidad largamente circunscrita a su campo natural (el negocio de las drogas, en todas sus variables) hubo de expandirse hacia rubros nunca antes explotados con tanto salvajismo: grupos antaño concentrados en los estupefacientes fueron desplazados por cárteles de favoritismo sexenal y, en una elemental lógica económica de supervivencia, al ser limitados en sus operaciones usuales por el reacomodo dirigido desde las alturas del poder, entraron de lleno a rubros que les permitieran sostener sus ejércitos en campaña permanente. Así fue como los centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos se convirtieron en materia de extorsión despiadada, en un proceso de crueldad creciente que va de la mano del trato dispar en la guerra oficial contra las drogas.

Pero Calderón no ha hecho más que cerrar los ojos ante esta realidad, tolerando funcionarios y funcionamientos criminales, convirtiendo al Instituto Nacional de Migración en otra instancia escandalosamente fallida, perdonando a directivos bajo estigma enorme y permitiéndoles continuar, al no castigarlos, carreras administrativas y políticas. Es una lástima, si se ve el asunto desde otro ángulo, que se haya cerrado recientemente el proceso panista de conformación de sus cuadros directivos, pues la nueva crisis internacional relacionada con migrantes podría haber ayudado a promover a algún funcionario en aprietos hacia un asiento partidista de renombre, como sucedió con Cecilia Romero, responsable durante años de la red de agentes y burócratas inmiscuidos en la red de atracos, violaciones, torturas y asesinatos de centroamericanos deseosos de llegar a Estados Unidos a través de la peligrosa tierra mexicana y que ahora ocupa ni más ni menos que la secretaría general del comité nacional panista, es decir, el segundo sitio en importancia del partido federalmente en el poder, luego del escándalo mundial provocado por el asesinato a sangre fría de más de 70 migrantes en un rancho tamaulipeco.

No es, desde luego, el único antipremio que el hermano de la precandidata Cocoa puede mostrar prendido en su casaca. La Unión Europea también pide investigar y castigar, pero en este caso no a los responsables del plagio de migrantes, sino a quienes planearon y ejecutaron el asesinato de Marisela Escobedo, la madre que en la ciudad de Chihuahua fue ejecutada cuando aceleraba el ritmo de su protesta pública por la impunidad administrada al culpable de matar a su joven hija. Similar demanda ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero más acomedidos en presunta busca de justicia están dos de los principales cárteles de la región, que se culpan mutuamente de haber ordenado la muerte de Marisela y que, en pleno cumplimiento de su convicción de que ellos pueden actuar en sustitución del sentido justiciero que el Estado debería cumplir, ofrecen imponer sanciones fúnebres por propia mano, sin necesidad de los mecanismos fofos e inútiles que la institucionalidad se atreviera a ofrecer.

Felipe y Margarita, en tanto, ofrecen posada en Los Pinos a ochocientos niños ante los cuales refrendaron el amor, la buena voluntad y la unidad que existen entre los mexicanos, según cacahuatero boletín oficial de prensa. Pura felicidad y buena onda, mientras en Tamaulipas, al cierre de sexenio, se desataban balaceras en distintos puntos de Ciudad Victoria y lanzaban granadas contra la presidencia municipal y a las afueras del Polyforum en que en unos días se realizará el cambio de gobernador. Pero nada grave sucede, según el alegre lente del felipismo burbujeante: ni secuestro masivo de migrantes ni impunidad en el caso de inconformes asesinados: el director de Pemex, por ejemplo, se desplazaba tranquilamente en un trineo de retórica de exculpación al sentenciar que el estallido de San Martín Texmelucan fue producido no por fallas de la paraestatal, ni descuidos o mal mantenimiento, sino por causas ajenas, externas.

Y, mientras el episodio de Diego sigue perdiendo credibilidad ante la opinión pública, ¡hasta mañana, en la última entrega de la temporada, antes de que el declinante tecleador pase a descansar expresamente un par de semanas!

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