Amnistía Internacional (AI) apremió al gobierno federal a llevar a cabo las reformas al Código de Justicia Militar que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que las violaciones a las garantías fundamentales que cometan efectivos castrenses contra la población sean investigadas por la justicia civil.

Mediante un comunicado, AI refirió que el lunes la CIDH volvió a exigir a las autoridades mexicanas que eliminen la jurisdicción militar para casos de violaciones a derechos humanos, al pronunciar su sentencia en el caso de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Montes, quienes fueron detenidos ilegalmente y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes por militares en 1999.

La organización internacional de defensa de los derechos humanos aseveró que ésta es la quinta sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por parte de la CIDH en los últimos 12 meses. Sin embargo, las autoridades han implementado muy pocas de las obligaciones establecidas en las sentencias anteriores.

Precisa AI que cuatro de las cinco sentencias se refieren a violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército. En las cuatro sentencias la CIDH reitera la obligación del Estado mexicano para eliminar la jurisdicción militar en este tipo de delitos.

Sostiene AI que de acuerdo con lo expresado por la Corte Interamericana la propuesta de reformas presentada recientemente por el presidente Felipe Calderón no cumple con esta obligación y, por tanto, recae en el Congreso la responsabilidad de revisar esta propuesta y convertirla en ley.

AI subrayó que espera que las autoridades cumplan de manera expedita con todas las obligaciones contenidas en esta sentencia –caso Cabrera y Montiel– y en las resoluciones anteriores.

Las sentencias contra el Estado mexicano son por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en Atoyac, Guerrero, en la época de la guerra sucia; por las violaciones sexuales y las torturas infligidas a las indígenas de Guerrero Inés Fernández y Valentina Rosendo, y por las agresiones contra los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Montes. En todas ellas los acusados de cometer las violaciones a los derechos humanos son militares.