Es urgente crear una ley de política migratoria para hacer frente a la situación actual, que se caracteriza por la presencia del crimen organizado en las fronteras norte y sur, y la violación sistemática de los derechos humanos de los indocumentados, que son secuestrados o asesinados por bandas criminales, señalaron los senadores Rubén Velázquez y Julio César Aguirre, del PRD.

Adelantaron que el grupo parlamentario perredista trabaja en una iniciativa en esa materia, la cual presentarán en breve, con la finalidad de que pueda dictaminarse en el próximo periodo de sesiones que comienza en febrero, para proteger los derechos laborales y la integridad física de los migrantes mexicanos que viajan a Estados Unidos y de los extranjeros que cruzan por el territorio nacional.

La ejecución de 72 migrantes en Tamaulipas, la mayoría centroamericanos, y el reciente secuestro masivo de otro grupo de guatemaltecos y hondureños en Oaxaca, obligan a legislar de inmediato, con el propósito de proteger a quienes viajan por el país rumbo al vecino del norte y para sancionar a quienes abusen o cometan delitos contra este sector de la sociedad, expuso el senador Velázquez.

Propone crear una secretaría

La propuesta perredista plantea crear una secretaría nacional de migración, con facultades para definir, ejecutar y coordinar las políticas públicas encaminadas a brindar atención y protección, así como impulsar el desarrollo de los connacionales que radican en el extranjero, además de fortalecer el Consejo de Mexicanos en el Exterior.

La ley de migración tiene por objeto definir los contenidos y las acciones de la política del Estado mexicano en ese rubro, para garantizar la protección de los derechos humanos, laborales y sociales en las diferentes fases del proceso migratorio y de repatriación, así como salvaguardar los derechos de los extranjeros que utilizan en forma temporal o permanente el territorio nacional como zona de tránsito o destino, detalló el senador Aguirre.

Explicó que la secretaría nacional de migración será presidida por la comisión intersecretarial de política migratoria, en la que participarán las secretarías de Estado relacionadas con la atención al fenómeno migrante y sus efectos, así como de los consejos de gobernadores y de Mexicanos en el Exterior. Además, contará con un órgano técnico de apoyo para la elaboración de las políticas públicas.

La iniciativa, agregó, plantea la creación de un fondo de aportaciones para apoyar la demanda de servicios públicos de la población migrante, para garantizar que los indocumentados mexicanos cuenten con servicios médicos, agua potable, albergues temporales, seguridad, alimentos, atención sicológica y servicios básicos de comunicación, búsqueda y rescate.

Asimismo, incluye medidas para la repatriación de mexicanos que residen en el extranjero y el estableciimiento de convenios de colaboración con países de destino, tránsito y origen para mejorar los mecanismos de cooperación.