La Procuraduría General de la República (PGR) da a la indagatoria en torno al secuestro del político Diego Fernández de Cevallos un trato diferenciado a otras decenas de plagios que investiga, pues, aun en contra de lo que establecen una ley secundaria y un reglamento interno, el procurador Arturo Chávez Chávez dejó en manos de la Dirección General de Averiguaciones Previas la resolución de las pesquisas sobre el caso del ex senador panista.

Los artículos 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y 19 bis del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR ordenan que la institución cuente con una unidad especializada, la cual será la encargada de la investigación y persecución de delitos cometidos por miembros de grupos delictivos, entre ellos el secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.

Sin embargo, las pesquisas para identificar y dar con el paradero de los plagiarios de Fernández de Cevallos no quedaron bajo la responsabilidad de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), sino en manos de un cercano colaborador de Francisco Molina Ruiz, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de filiación panista, y quien, al igual que Chávez Chávez, fue procurador de Chihuahua.

Fuentes ministeriales consultadas por La Jornada indicaron que la indagatoria por el secuestro de El Jefe Diego está a cargo de la Dirección General de Averiguaciones Previas, a cargo de Héctor Rodríguez Franco, quien antes se desempeñó como director del área de quejas del Órgano Interno de Control de la PGR, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, donde tuvo como jefe a Molina Ruiz.

Esta es la primera vez que un caso de secuestro considerado de alto impacto –del que la PGR ejerce su facultad de atracción por la probable vinculación del crimen organizado–, ha sido llevado por un área ajena a la SIEDO.

De hecho, en septiembre pasado la titular de la SIEDO, Marisela Morales, aseguró en una entrevista que el área a su cargo no indagaba el plagio del ex candidato del PAN a la Presidencia de la República.

En otros casos de secuestro de alto impacto, como el de Hugo Alberto Wallace, hijo de la activista Isabel Miranda o el de Silvia Vargas Escalera, hija del empresario Nelson Vargas, fue la SIEDO la que encabezó las pesquisas.

El secuestro de Fernández de Cevallos fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de Querétaro al día siguiente de ocurrido, es decir, el 15 de mayo.

El Ministerio Público local tomó decenas de declaraciones, pero el 17 de mayo la PGR ejerció su facultad de atracción. Al día siguiente esta dependencia suspendió las pesquisas, a solicitud de familiares del ex senador. Desde el pasado 20 de diciembre, tras la reaparición del panista, la indagatoria se reactivó y quedó en manos del fiscal Héctor Rodríguez.