l pasado 24 de noviembre, el Consejo de Administración de Pemex aprobó los llamados contratos incentivados, con un un voto razonado en contra: el de Rogelio Gasca Neri, consejero porofesional. Su razonamiento se sustenta en un argumento primordial: hay imprecisiones en la fórmula de pago o remuneración al contratista y en el método de determinación de los costos que Pemex les reconocerá. En consecuencia, se cede renta petrolera a los particulares, lo que contraviene la Constitución.
La paraestatal responde (ver Consejo de Administración en www.pemex.com) en algunos aspectos sarcásticamente. ¡Qué pena! No ingresa a lo esencial que se pregunta. Por ejemplo, sin definirlo, asegura que el concepto de renta petrolera no está en la Constitución. Y –segundo ejemplo– cuando recita las once medidas del modelo de contrato incentivado, no profundiza en lo esencial que se discute. ¿Qué es lo esencial?
Lo que ordena la Constitución, que se ejerza el dominio directo y que se explote directamente la producción petrolera. Ni siquiera la Suprema Corte lo hizo. Debería ser preocupación de todos evaluar si Pemex conserva la capacidad para el dominio directo, para la explotación directa. Esencial de ello es – centro mi opinión– hacer las tareas petroleras primarias eficientemente. Parte de eso –no sólo es lograr la producción al menor costo, es decir, que se produzca el barril al menor costo, y no sólo económico o financiero, sino también ecológico, social e incluso político.
El asunto no es trivial. Hay estrechez de miras en el modelo de contratos incentivados, que –Pemex dixit– pretende incrementar su capacidad de ejecución, por medio de un esquema rentable y competitivo. Con acciones que harán otros, hay que añadir. Que –asimismo Pemex dixit– pretenden que Pemex Exploración y Producción (PEP) tenga un flujo de efectivo positivo después de impuestos. Aunque PEP ya no haga las cosas, también hay que decirlo. Además –sigue diciendo la paraestatal–, con un mecanismo de pago que incentiva el ahorro y la productividad. Sí, de lo que harán los privados.
Pero –una vez más asegura Pemex– serán resultado de una licitación pública. Insisto. Se desdibuja la orientación constitucional básica, la de la explotación directa. Incluso, en el campo estrictamente económico o financiero, no se ve cómo conservará o acrecentará Pemex su capacidad para ejercer un control estricto. ¿Qué riesgos si no lo hace? Que los contratistas se apropien de parte sustantiva de la renta petrolera, propiedad de la nación. No hay que ocultar que eso mismo ya ha sucedido. ¿Qué es esa renta petrolera? La definición oficial (diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precio de mercado internacional menos los costos de extracción eficientes) es incorrecta e inadecuada. Oculta los componentes del precio, acción insoslayable si se desea un manejo eficiente no sólo del proceso petrolero, sino de sus ingresos. Esta definición puede aplicarse a lo que genéricamente podemos llamar excedente petrolero. Pero éste tiene componentes que deben ser diferenciados. Más allá del debate teórico sobre su origen, señalémoslos: 1) ganancia por la utilización del capital; 2) renta por ventaja tecnológica extraordinaria; 3) renta por mayor fertilidad de yacimientos respecto al marginal, el de mayor costo, cuya producción es requerida por el mercado; 4) sobreganancia por mercado favorable para productores. Confundir estos componentes conduce a aberraciones en su manejo, como las que hemos vivido en México desde hace casi 30 años, por medio de los llamados Derechos de Extracción de Hidrocarburos y su utilización. Aquí, y una vez salvada su diferenciación, su determinación parte de la identificación del llamado costo eficiente. El asunto es central, independientemente de quién realice las tareas, trátese de una compañía estatal o una privada.
Más aún, por el mandato constitucional respecto a la propiedad nacional originaria de los recursos naturales y de sus beneficios. Una pregunta central, entonces, es si Pemex tiene hoy la capacidad para determinar esos costos eficientes, identificar los costos del yacimiento marginal en el mercado mundial y, consecuentemente, identificar los diversos componentes del excedente petrolero ¿Cómo se fortalece y acrecienta esa capacidad? ¿Los contratos incentivados abonan en ese sentido? La respuesta es de carácter técnico-económico. Da la impresión que Pemex ha perdido mucha –muchísima– capacidad para resolver esas preguntas. Con estos contratos pudiera perderá aún más. Profundizaremos en ello. Sin duda.
