Ciudad Juárez, Chih., 26 de diciembre. Autoridades investigadoras federales y estatales no han avanzado para cumplir la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 10 de diciembre de 2009 sobre los asesinatos de mujeres perpetrados en el paraje Campo Algodonero de esta localidad, y ni siquiera han concluido las investigaciones sobre el hallazgo de ocho cuerpos, los días 8 y 9 de noviembre de 2001, aseguraron las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Comisión para la Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y Justicia para Nuestras Hijas.

La CIDH ordenó a los gobiernos federal y estatal construir un monumento en memoria de las víctimas, investigar sus asesinatos y castigar a los responsables, así como a las autoridades que han sido omisas en la indagatoria, indemnizar a familiares de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, así como abrir y mantener una página de Internet sobre desapariciones de mujeres desaparecidas, así como revisar el Protocolo Alba, que obliga a investigar casos similares. La resolución deberá cumplirse antes del 20 de diciembre de 2012.

En un documento entregado a La Jornada por Emilia González Tercero, afiliada a la Cosyddhac, se recuerda que, además de Esmeralda Herrera, de 15 años de edad, desaparecida el 29 de octubre de 2001; Claudia Ivette González, de 20 años, desaparecida el 10 de octubre de 2001, y de Laura Berenice Ramos, de 17 años de edad, vista por última vez el 21 de septiembre de 2001, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJE) , hoy denominada Fiscalía General del Estado, dio otros nombres de víctimas del Campo Algodonero.

La PGJE sostuvo que los otros cinco cuerpos eran de Guadalupe Luna de la Rosa, de 19 años de edad, con reporte de desaparición del 30 de septiembre de 2000; María de los Ángeles Acosta Ramírez, de 19 años, ausente desde el 25 de abril de 2001; Mayra Juliana Reyes, de 17 años, desaparecida en junio de 2001; Verónica Martínez Hernández, de 18 años, a quien se vio viva por última vez el 19 de octubre de 2000, y Bárbara Araceli Martínez, de 20, con reporte de desaparición del 26 de diciembre de 2000.

El pasado 10 de diciembre, Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, así como Laura Carrera Lugo, comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, colocaron la primera piedra de un mausoleo para las víctimas en el Campo Algodonero. Dieciséis días después, no se han iniciado los trabajos para cumplir esta disposición de la CIDH.

El 17 de junio de 2007 familiares de las mujeres halladas en el Campo Algodonero denunciaron a 25 funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia estatal y a dos jueces penales por negligencia en las indagatorias.

Hasta la fecha se ha detenido a nueve personas por los asesinatos, pero siete han sido declaradas inocentes, entre ellos Gustavo González, alias La Foca, quien murió en prisión en circunstancias no aclaradas, y Víctor García Uribe, El Cerillo, liberado hace dos años.

También fueron detenidos y arraigados en abril de 2003 Miguel Ángel Vázquez Villegas, Hernando Valles Contreras, Fidel Pérez Bernardina y Javier García Chihuahua, alias El Canario, sospechosos de matar mujeres para extraerles órganos. Todos salieron libres 90 días después.

Édgar Álvarez Cruz estuvo implicado en feminicidios junto con Alejandro Delgado Valles, alias El Cala, por Francisco Granados de la Paz, quien hace tres años confesó ante autoridades de Estados Unidos que participó en al menos 17 homicidios, entre ellos los ocho del Campo Algodonero.

Pese a estas acusaciones, el año pasado el juez octavo de lo penal, Armando Jiménez Santoyo, declaró inocente a El Cala.

Sólo continúan en prisión Édgar Álvarez y Francisco Granados, éste en Estados Unidos, por delitos contra la salud y por violar leyes migratorias.

Ha habido cuatro muertes relacionadas con este caso. Uno de los fallecidos es el egipcio naturalizado estadunidense Abdel Latif Sharif, alias El Egipcio, quien fue el primer condenado por los feminicidios de Juárez, como presunto autor intelectual. Se le detuvo en 1995, fue sentenciado a 30 años de prisión y murió en 2006.

En 2002 falleció en prisión Gustavo González, La Foca, en una cirugía de hernia. Su abogado, Mario Escobedo Anaya, fue asesinado en 2002, presuntamente confundido con un narcotraficante. Sergio Dante Almaraz fue ultimado en 2005. Éste afirmó que los ocho cuerpos del Campo Algodonero estuvieron congelados antes de que los tiraran en el paraje.