La familia Ochoa y Plácido, y su actual abogado, David Peña, presentaron un recurso de inconformidad ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para impedir que la investigación por la muerte de la abogada Digna Ochoa se archive.

Un fiscal designado por el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, analizará esta nueva petición de la familia de la defensora de los derechos humanos, aunque en este tipo de casos lo más común es que el dictamen de primera instancia se ratifica después de una serie de revisiones burocráticas.

El mes pasado, el procurador Mancera informó que un equipo de fiscales y peritos a su cargo ratificaron, después de estudiar una serie de dictámenes en medicina y química forense, que Digna Ochoa se suicidó.

El pasado 8 de diciembre, durante una conferencia de prensa, Jesús Ochoa, hermano de Digna, y el abogado Peña informaron que en enero de 2011 acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedirle que admita el estudio sobre las supuestas violaciones procesales en la indagatoria abierta para investigar la muerte de la activista.

Peña aseveró que la PGJDF resolvió la investigación del caso Digna conforme a criterios burocráticos [para proteger a los ex funcionaros de la procuraduría que en 2003 concluyeron que la activista se suicidó] y de protección a los grupos políticos a los que pertenecen Mancera y Marcelo Ebrard (jefe del Gobierno del Distrito Federal), pero no conforme a sus obligaciones constitucionales.

Ochoa y Peña advirtieron que si después de revisar el recurso de inconformidad, la PGJDF insiste en su teoría del suicidio, el siguiente paso será presentar una demanda civil por responsabilidad patrimonial contra el Gobierno del Distrito Federal, particularmente de Mancera.

En noviembre pasado, en un dictamen de 3 mil 156 cuartillas, la PGJDF concluyó que Digna Ochoa era una mujer conflictiva, con tendencias esquizoides y otros trastornos de personalidad, los cuales la llevaron al suicidio.