n diciembre de 2006, recién designado secretario de Trabajo, Javier Lozano reconoció que el gobierno federal no puede autoengañarse con la idea de que se han cumplido las metas de creación de empleo, porque no han sido acompañadas de seguridad social.

Sólo dos meses después –reconociendo su ignorancia en el tema– admitió que los jornaleros laboran en condiciones infrahumanas, por lo que se promoverán modificaciones para protegerlos.

También ofreció conocer el problema de primera mano. Solicitó a los senadores que organicen giras de trabajo para hablar con la gente y ver qué es lo que hacen los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Aceptó que el programa Jornaleros atiende a 700 mil agricultores de un total de 5 millones y, aunque se incrementó el presupuesto, resulta insuficiente por la dimensión del problema. Cuando se habla de trabajo en México, sostuvo, tenemos que hablar de trabajo con dignidad. Eso implica dotarlo de seguridad y previsión social, respetar los derechos humanos y castigar de manera severa la contratación del trabajo infantil. Es increíble cómo transportan a los jornaleros junto con los insecticidas.

Para marzo de 2007, advertía que México produce una generación de gente frustrada, integrada por muchos jóvenes que trabajan en actividades sin relación alguna con las carreras universitarias que estudiaron: 38.9 por ciento de quienes se desempeñan en su área no está satisfecho con los ingresos que percibe.

En junio de 2007, acompañado del politólogo Juan Molinar Horcasitas, arribó con pasos enérgicos a la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, donde fueron citados para atender la brutal reforma IMSS, que Santiago Levy impuso a los labriegos (abril, 2005), y enfrentar la solicitud de exportadores agropecuarios para que se prorrogara seis meses más el decreto-Fox que los eximía del pago de las cuotas de sus trabajadores eventuales al instituto.

Lozano procuró ser tajante: no habrá más subsidios del gobierno para quienes explotan a menores, no han mejorado las condiciones de vida de los jornaleros, no estén al corriente en sus aportaciones o incumplan con la ley. Y agregó: la quinta parte de los jornaleros son niños que no van a la escuela. ¿Quién nos asegura que para diciembre habrán cambiado las cosas?

Muy poco después, su nombre rodaba asociado al oscuro personaje llamado Zhenli Ye Gon.

En junio de 2008 la STPS comunicó que buscaría tipificar como delito el trabajo infantil y reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para endurecer las sanciones a quienes contraten a menores de 14 años.

Se reconocía que era necesario emprender acciones para promover una cultura de la legalidad, donde se respeten y apliquen las leyes, normas y reglamentos en la materia y se fortalezca la inspección federal en concurrencia con la local. Para ello, la STPS daba a conocer que, junto con el Inegi, creaba el Módulo de medición del trabajo infantil en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Una encuesta levantada durante 2007 estableció que dos de cada cien niños de cinco a nueve años de edad habían realizado una actividad económica, número que aumentó a 10 de cada cien de 10 a 13 años de edad. En los menores de 14 a 17 años se registró la mayor participación: 28 por ciento.

Sin embargo, el informe La explotación laboral de las niñas, niños y adolescentes en México, elaborado por Thais Desarrollo Social, señalaba que las situaciones violatorias de los derechos de los niños y niñas implican omisiones por parte del gobierno mexicano en su responsabilidad de dar vigencia a esos derechos. Thais destacaba que el principal factor para que los infantes ingresen al mercado laboral es la inexistente protección al ingreso familiar, que ha generado su forzada inmersión en actividades productivas.

Además, sus datos resultaron diferentes respecto de los de la STPS: uno de cada cinco adolescentes de 12 a 17 años trabajó. Y por sectores económicos mostraban que 28.5 por ciento de todos los niños de 12 a 17 años que laboraron lo hicieron en el comercio, seguido de la agricultura (22.3 por ciento) y la industria manufacturera (18.1 por ciento), mientras que los servicios ocuparon el cuarto lugar (17 por ciento).

Por tanto, enfatizaba, existe una relación importante entre asistencia escolar y trabajo infantil; la gran mayoría de los niños que trabajan no estudian. De los 2 millones de niñas y niños que trabajan, un millón 457 mil 394 no asisten a la escuela o dejaron de estudiar. El informe culminaba asentando que 7.4 por ciento de las niñas y niños de 12 a 17 años realizan trabajo prohibido por las leyes mexicanas.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), sólo una minoría de niños que trabajan como jornaleros acuden regularmente a clases. Además, requerimos presupuesto para contratar 17 mil maestros, aunque sean temporales. La apuesta de la SEP es profesionalizar el servicio, con maestros bien formados, habilitados, capacitados y con una condición laboral estable que permita que los ya contratados dispongan de una plaza con seguridad social.

Mientras, los padres y niños jornaleros demandan acta de nacimiento y CURP para acceder a escuelas y al Seguro Popular.

El 18 de marzo de 2010, Lozano presentó una reforma a la LFT que amplía las facultades de la STPS para cesar de inmediato las labores de menores, eleva la multa a 5 mil salarios mínimos y tipifica la acción como delito.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco