El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, ratificó ayer su denuncia de juicio político con miras a destituir a los tres jueces que dejaron libre a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, hija de Marisela Escobedo Ortiz, a quien dieron muerte frente al palacio de gobierno de la entidad el 16 de diciembre pasado. Sin embargo, el primer visitador de la CEDH en Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, así como colegios de abogados de Chihuahua, se oponen a esta medida.

Armendáriz González se presentó ayer en el Congreso de Chihuahua, y ratificó su denuncia ante la Secretaría de Servicios Jurídicos, Parlamentarios y Vinculación Ciudadana, de tal manera que la solicitud de juicio político contra los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib Jurado, proceda conforme a la legislación estatal.

La solicitud de juicio es contra los jueces porque ellos gozan de fuero, pero estamos haciendo las gestiones para que se dilucide si hay responsabilidad del Ministerio Público, la extinta Procuraduría General de Justicia o funcionarios que hayan colaborado en la investigación, precisó Armendáriz.

A su vez, De la Rosa Hickerson se pronunció en contra del juicio político. El punto de reclamo reside en la actuación ineficaz de las autoridades de procuración de justicia, y de las encargadas de la protección del área del palacio estatal, así como la presidencia municipal de Chihuahua, por las omisiones cometidas el día de los hechos, afirmó.

Además, la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y la Barra de Abogados de Chihuahua, criticaron el sometimiento del Supremo Tribunal de Justicia Estatal a los poderes Ejecutivo y Legislativo estatales al suspender, sin ninguna investigación, a los tres jueces que dictaron sentencia a Sergio Barraza Bocanegra, homicida de la menor Rubí Marisol Frayre, y probable autor intelectual de la muerte de Marisela Escobedo.