A pesar de los altos índices de violencia que se registran en México contra las mujeres, los escasos refugios que existen en el país para víctimas de violencia extrema y para sus hijos, cada año ven amenazada su sobrevivencia debido a la falta de financiamiento.

Según explicó Wendy Figueroa Morales, directora del refugio Fortaleza, Centro de Atención para la Mujer IAP, año con año los 66 refugios que hay –44 operados por organizaciones de la sociedad civil y 22 por instituciones gubernamentales– tienen que concursar en convocatorias del sector público para poder acceder a los recursos que el presupuesto federal contempla para estos centros de atención. Sin embargo, y pese a los esfuerzos que en cada uno se realizan para salvar vidas, los 104 millones de pesos que los legisladores aprobaron en 2011 no llegan a todos los refugios.

Como no tenemos un financiamiento fijo, cada año tenemos que participar en convocatorias, tanto del sector público como privado, para acceder a fondos y poder cubrir el elevado costo de mantener un albergue. Aunque la capacidad de éste es muy diversa, los hay para cinco o 50 personas, todos implican gasto de alimentación, vestido, calzado, análisis, médicos, sicólogos y seguimiento de los procesos jurídicos. Cada año nos enfrentamos a la incertidumbre de ya no poder mantener estos espacios o no poder pagar al personal.

Si bien los refugios de las instituciones públicas podrían tener un poco más asegurado su financiamiento, viven una situación más vulnerable que de la sociedad civil que opera refugios porque los espacios públicos dependen del gobierno en turno.

Como no tienen financiamiento fijo están peor, porque cambia el funcionario o el partido en el poder, y si al nuevo gobierno o presidente no le interesa mantener el refugio lo desaparece.

Otro grave problema para las víctimas que llegan para ponerse a salvo es la falta de seguridad. Con frecuencia el generador de violencia llega al refugio, en ocasiones acompañado de policías, para buscar a la mujer o a los hijos y acusa a la institución de secuestro.

Cabe recordar que la Red Nacional de Refugios informó que el 9 de junio dos sujetos, acompañados de seis policías armados, irrumpieron en un albergue de Ciudad Juárez, Chihuahua, para rescatar a una menor de edad y difamando a la institución aseguraron que ésta la tenía secuestrada. Días antes, en Cancún, Quintana Roo, agentes policiacos atacaron y amenazaron al personal para intentar recuperar a la esposa de uno de ellos, quien se encontraba ahí para huir de los abusos físicos cometidos por su pareja.

Es parte del problema: no contamos con la seguridad del Estado que respalde nuestro trabajo. A veces, cuando el generador de violencia atenta contra el refugio, no sabes si llamar a la patrulla porque la policía puede estar relacionada con el agresor.

La directora de Fortaleza agregó que aunque hay un refugio en casi todas las entidades, son pocos, y que la gravedad de la violencia de género exige, cuando menos, cuatro centros por estado, algunos especializados en estrategias para atender y prevenir la trata de mujeres y feminicidios.

De poco sirve crear refugios si no hay una política que salvaguarde el estado de derecho de las mujeres y atienda la violencia de género sin fines políticos, dijo.