Buenos Aires, 30 de diciembre. Legisladores de la ciudad de Buenos Aires solicitaron la remoción de la cúpula de la nueva Policía Metropolitana creada por el jefe de gobierno de esta capital, Mauricio Macri, al comprobar que 73 por ciento de los nombrados tenían vínculos con la pasada dictadura militar.

Como integrantes de las comisiones creadas ante sucesivos escándalos en el gobierno de la ciudad, los legisladores de distintas bancadas políticas revisaron los legajos de los policías contratados y se recomendó remover de sus cargos a 28 oficiales.

Desde su fundación la Policía Metropolitana estuvo en la mirada debido a la forma cómo se iba constituyendo, algunos escándalos de corrupción e incluso el intento de comprar armas calificadas de tortura, como pistolas eléctricas que descargan miles de voltios contra manifestantes.

Dos jefes policiales elegidos por Macri debieron renunciar incluso antes de su estreno. Uno de ellos, el ex comisario Jorge Fino Palacios, está procesado por espionaje ilegal a personas, sindicalistas, legisladores y estudiantes.

La solicitud de remoción está firmada por legisladores de los bloques de Proyecto Sur, Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el oficialismo, la Unión Cívica Radical y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Las comisiones fueron creadas después que aparecieron varios casos de oficiales que tenían causas abiertas y que el gobierno de Macri debió separar y no lo hizo.

También los legisladores advirtieron que el gobierno porteño no contestó ningún pedido de información que hicieron sobre el pasado de los metropolitanos.

Otra comisión se abrió por causas que señalaban a oficiales de la nueva policía en temas tan graves como protección de prostíbulos, trata de personas y otros delitos. Aunque la administración del gobierno de la ciudad sólo les mostró algunos documentos e incluso puso obstáculos, los legisladores hicieron investigaciones propias.

Hay oficiales que han tenido actuación en la pasada dictadura, concluye el documento. También señalan que se incorporó a agentes de inteligencia cuando la ley de seguridad pública no los habilita para ese tipo de tareas. Mucho menos se entiende el interés por la incorporación de agentes de inteligencia para una fuerza que ha sido creada como comunitaria y de proximidad”, indicaron.

No tuvimos acceso a la información que pedimos en septiembre, pese a que había una ley que establecía que podíamos hacerlo, además de que lo establece la Constitución. La violación de acceso a la información es algo que se repite en el gobierno de Macri, señalaron los legisladores. Es necesario repensar todo el armado, por eso pedimos que renuncie toda la cúpula. Hay que conformar una nueva policía.

En tanto el gobierno de Cristina Fernández acaba de cerrar dos de los conflictos más importantes al acordar con los ocupantes del Club Albariños, en Villa Lugano, la desocupación sin usar la violencia, y también con los dirigentes de la comunidad indígena qom de la etnia toba de Formosa, quienes finalizaron hoy una huelga de hambre en esta capital.

Esto sucede en momentos en que se cierra uno de los años más importantes en derechos humanos, con la condena de altos jefes militares de la pasada dictadura a cadena perpetua, entre ellos el ex dictador Jorge Rafael Videla.

Es con paciencia, trabajo, recursos legales como se debe actuar y no con represión, dijo un funcionario de Seguridad, cartera que ocupó la ex ministra de Defensa Nilda Garré, quien había advertido que este gobierno no reprimirá la protesta social, aunque algunos sectores la utilicen con otros objetivos y recurriendo además a buscar en la verdadera raíz del conflicto.

Con estos acuerdos, el gobierno acaba de dar un fuerte mensaje político y humanitario.

En el tema de derechos humanos el año cierra con una cantidad de condenas a cadenas perpetuas, tanto en esta capital como en el interior del país, para los responsables de crímenes atroces durante la pasada dictadura y por la desaparición de 30 mil personas.