n la década reciente, en Nueva York, la educación pública ha experimentado un giro cualitativo en su manejo y objetivos: la enseñanza ha dejado de ser vista como derecho para convertirse en oportunidad de negocio; los docentes han pasado a ser empleados que persiguen el éxito de sus clientes –los estudiantes–, y el papel de las autoridades educativas está en proceso de reducirse, en el mejor de los casos, a meras funciones administrativas. El vínculo visible entre estas últimas y el sector empresarial es el todavía secretario de Educación de esa ciudad, Joel Klein, ex abogado en Wall Street y futuro vicepresidente de News Corp, la trasnacional de medios dirigida por Rupert Murdoch. Por su parte, la nueva titular de la dependencia, Cathleen Black, cuenta con amplia experiencia en gestión empresarial, que incluye su paso por las juntas directivas de IBM y Coca-Cola, así como su desempeño como ejecutiva en jefe de la empresa de revistas comerciales Hearst Magazines.

Así pues, aunque el discurso oficial insista en que la reforma educativa impulsada por el alcalde neoyorkino Michael Bloomberg persigue el beneficio de la niñez de esa ciudad, es claro que lo que se desarrolla ahí es parte de un proceso de privatización de la educación que cuenta entre sus principales beneficiarios e impulsores a empresarios y especuladores financieros. El logro más destacado de este proceso es la proliferación de las llamadas “escuelas charter”, centros de enseñanza semiprivada que en no pocos casos operan como instituciones con fines de lucro y dejan cuantiosas ganancias a operadores particulares.

La circunstancia descrita cobra especial relevancia si se toma en cuenta que Nueva York ha sido, en diversos momentos del pasado reciente, un laboratorio del neoliberalismo y de los procesos de infiltración de los intereses privados en la esfera pública: así ocurrió en los años siguientes a 1975, cuando a la declaratoria de bancarrota de la ciudad siguió un proceso de restructuración a gran escala que acabó por obedecer a las necesidades y los gustos del poder financiero, a cambio del sacrificio de las mayorías. Tal proceso se reproduciría posteriormente en otros países, incluido el nuestro. Según puede verse, eso mismo ha venido ocurriendo en el ámbito de la educación, y con similares argumentos: la identificación de una crisis, la ubicación de sus causas –en este caso, la ineficiencia de los docentes y de la enseñanza pública– y la reivindicación de los valores y las fórmulas del sector privado como solución a los problemas.

Estas consideraciones resultan particularmente preocupantes para nuestro país, pues se ha buscado adoptar, en años recientes, políticas educativas que son una calca de las aplicadas en Estados Unidos. Una muestra de ello es la denominada Alianza por la Calidad de la Educación, acuerdo que guarda grandes similitudes con la legislación estadunidense No child left behind (Que ningún niño se quede atrás): la más relevante es el afán de imponer la aplicación de pruebas estandarizadas como mecanismo de evaluación para el desempeño educativo, valoración que ha sido descalificada por especialistas mexicanos y estadunidenses en la materia. Por lo que hace a la participación de la iniciativa privada, es evidente el creciente protagonismo, en nuestro país, de organismos financiados por intereses particulares que buscan imponer su agenda en materia educativa, para lo cual se valen de diagnósticos y argumentaciones similares a las de sus contrapartes estadunidenses.

Nadie puede negar las deficiencias que aquejan al país en materia educativa ni puede soslayarse la cuota de responsabilidad que corresponde a la cúpula antidemocrática que controla el sindicato magisterial. Pero la atención de esos y otros problemas pasa por un viraje en el modelo económico depredador aún vigente, corregir las desigualdades socioeconómicas, introducir factores de racionalidad y bienestar en la economía y, sobre todo, terminar con el abandono presupuestario con que las recientes administraciones han condenado a los ciclos de enseñanza a cargo del Estado. En tanto las propuestas empresariales no toquen esos puntos, la sociedad tiene razones de sobra para sospechar y para ver en ellas no un afán de mejoramiento educativo, sino un designio privatizador.