La Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) señaló que debido a que la mayoría de los 34 indígenas recluidos en el penal El Amate, en Cintalapa, Chiapas, por el caso Acteal, cumplieron el mínimo de sentencia para tener beneficios de ley, además de contar con buena conducta, la expectativa es que en 2011 prácticamente todos sean liberados.

En entrevista telefónica, Arturo Farela, presidente de la Confraternice, destacó la necesidad de que se esclarezcan los hechos ocurridos el 22 de diciembre de 1997 para que se “castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la masacre –de 45 hombres, mujeres y niños– de la cual se responsabilizó a indígenas, casi la mitad de ellos eran evangélicos”.

Señaló que la Confraternice solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llame al ex presidente Ernesto Zedillo para que explique por qué no se atendieron las denuncias previas a los hechos. Si así hubiera sido no se habría dado el enfrentamiento.

Farela visitó ayer en el penal a un grupo de los 34 detenidos y lamentó el intento de motín ocurrido la madrugada del miércoles, el segundo en menos de medio año, y criticó las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los presos.

Escribiré una carta formal al gobernador y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se les debe dar un trato más humanitario a todos los presos. Explicó que visitó a los reos del caso Acteal, pero no se pudo celebrar la comida anual navideña con todos, sólo con un grupo reducido, ayer hubo amotinamiento y algunas partes están quemadas y con huellas de humo, afortunadamente se cambió al director del penal.

Relató que en el motín anterior, además de ser sangriento, los reos que no participaron en él, como los del caso Acteal, fueron severamente golpeados y despojados de las pertenencias que podían tener según la reglamentación penitenciaria. Ahora de nuevo ocurre otro motín en el que tampoco participaron los presos del caso Acteal, por tanto, los internos piden por mi conducto, que se exija a las autoridades eviten volver a golpearlos y a quitarles sus pertenencias. Los reclusos piden también a los representantes de derechos humanos que estén al tanto de vigilar que en las siguientes horas se respeten los derechos humanos de los presidiarios.