ientras las partes sustantivas del discurso oficial se siguen concentrando en la defensa de una política de seguridad pública llamativa, pero sin consecuencias positivas –como quedó demostrado con el mensaje de año nuevo emitido ayer por Felipe Calderón–, la desigualdad y los rezagos económicos en el país siguen agravando las condiciones de vida de la mayoría población, y merman el cumplimiento de derechos básicos, empezando por la educación.
Así lo demuestran, entre otros elementos, las cifras proporcionadas en entrevista con este diario por el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán: actualmente, sólo dos de cada diez de los jóvenes más pobres del país tienen acceso a los ciclos de enseñanza superior, mientras que aquellos que pertenecen a los sectores de más altos ingresos tienen cuatro veces más posibilidades de estudiar una carrera universitaria. A estas cifras deben sumarse otras, como las proporcionadas por el relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, en el sentido de que 70 por ciento del rezago educativo en el país se concentra en familias de campesinos depauperados. Por su parte, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ha documentado la existencia de más de 6 millones de analfabetas en el territorio nacional, donde prácticamente la totalidad son pobres.
Las cifras comentadas dan cuenta de una realidad exasperante, en la que los atrasos sociales persistentes se traducen en pocas o nulas esperanzas de educación para los sectores menos favorecidos, y esta última circunstancia deriva, a su vez, en una reproducción de las condiciones de pobreza, marginación y exclusión de millones de mexicanos, como señaló el propio funcionario de la SEP.
No puede omitirse, sin embargo, la cuota de responsabilidad que corresponde a las autoridades en la configuración de esta dinámica: a lo largo de cinco lustros, con la implantación deliberada del modelo político-económico vigente, las sucesivas administraciones han contribuido a la construcción de un país en el que los niños y jóvenes pobres no tienen otros horizontes de desarrollo personal que la economía informal, la emigración, la delincuencia o, en el menos malo de los escenarios, la incorporación a trabajos mal pagados, inseguros, insalubres y carentes de perspectivas de superación. A tono con lo anterior, la tecnocracia neoliberal en el poder ha llevado el sistema de educación pública a grados de desastre por la vía del abandono presupuestal. Así pues, el actual modelo económico se ha erigido en causante de la desigualdad y la división sociales; en factor principal de deterioro de la educación a cargo del Estado, y, en suma, en motor del círculo vicioso que es señalado por el subsecretario Tuirán.
Ante tal panorama, es claro que la corrección de los retrasos educativos del país no se logrará únicamente mediante medidas cosméticas y asistencialistas, sino con acciones mucho más profundas: a la par del fortalecimiento de las responsabilidades estatales en materia educativa –que necesariamente se debe traducir en un crecimiento presupuestario sustancial para el rubro– es urgente reorientar el rumbo económico del país y revertir los rezagos sociales imperantes, pues en éstos se gesta la desigualdad presente en las oportunidades de acceso a la educación.
