l inicio de año impone la agenda electoral hacia 2012 y, más allá de las muy fundadas críticas al desempeño de los partidos políticos, la maquinaria se prepara para una contienda que se observa peligrosa por el estado actual del país, enfrentado a una guerra que cual caja de Pandora está afectando a la sociedad entera.

Nos esperan, por lo menos, 18 meses de opacidad sobre temas, que sin deber ser ajenos al campo electoral, en la práctica lo son. Porque no se trata solo de la muy respetable voluntad de cada ciudadana o ciudadano: tenemos enfrente los movimientos sociales y de derechos humanos, que independientemente de su posición ante la vía electoral, pugnan por detener los efectos de las políticas de Estado en curso, sea en el plano ambiental, en el de las concesiones mineras, la siembra de maíz transgénico, la militarización del país, los desaparecidos y la criminalización, entre muchas otras causas.

Así las cosas, los espacios en los medios de comunicación privilegiarán el entorno pre electoral, por ello es preciso insistir en la necesidad de equilibrar la información y el análisis. Por ejemplo, hoy más que nunca el asedio a los pueblos indígenas está presente; sus causas y casos forman parte de una afrenta mayúscula que en el país no hemos resuelto, esto es, la posibilidad de avanzar en la construcción de una sociedad pluricultural que respete la diversidad y que vea a las otras y los otros y se refleje en ellos.

Viene al caso esta reflexión precisamente en este nuevo aniversario de la irrupción a la luz pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En aquellos días de 1994 La Jornada se posicionó como el periódico que asumió de manera privilegiada la cobertura de este histórico movimiento con abierta proclividad favorable al mismo, pese a ser un año de contienda electoral, tarea que la distinguió al paso de los años y que fue un aporte significativo. Otros medios lo hicieron con mirada crítica o escandalizada incluso, y pronto dejaron de incluirlo con regularidad.

En los hechos, la causa indígena se fundió con la zapatista y viceversa, y ciertamente concitó la atención y simpatía de una amplia gama de sectores democráticos, académicos, políticos y de la ciudadanía en general. Sin embargo, al paso de los años se fueron decantando las posiciones y la adhesión inicial no produjo el quiebre de la hegemonía ideológica monocultural, tampoco la anhelada nueva relación del Estado con los pueblos indígenas en el marco de una reforma del Estado.

A estas alturas vale recordar que todos los partidos cerraron filas con la razón de Estado consistente en negarse a abrir espacios de poder con el reconocimiento a la autonomía de los territorios indígenas más allá de las concesiones culturalistas en torno a la lengua o la educación intercultural cuando no el mero folclor. Lo grave es que sectores de la llamada sociedad civil han tomado distancia del tema e incluso algunos confiesan que nunca comprendieron el sentido de los acuerdos de San Andrés, y en ello influyen diversos factores, pero ante todo destaca que no se asume que la nación no tendrá un nuevo proyecto sin los pueblos indígenas o sólo como adherentes retóricos.

No es ajeno a todo este contexto lo que el reportero Alfredo Méndez ha referido respecto a que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), mediante el documento denominado Programa de estudios estratégicos 2010, incluye valoraciones que requieren aclaración: “Sobre las organizaciones no gubernamentales, el Cisen considera –según comentaron a este diario las fuentes consultadas– que algunas surgen con motivaciones ideológicas de izquierda, simuladas con ideales progresistas, pero en realidad lo que pretenden es sembrar acciones de inconformidad social colectiva, cuyas repercusiones pueden ser demoledoras de los principios democráticos del régimen en el poder” (La Jornada, 28/12/10).

Así tenemos un panorama sumamente complejo: para el Estado y los partidos políticos la ruta de la democracia representativa es el todo mientras los movimientos son vistos como aquellos cuyas causas atentan contra ese todo cuya incompletud es evidente. Esta polarización es real y no debería basarse en la exclusión de unos sobre otros, a un pueblo que le estén imponiendo una concesión minera, por ejemplo, no se le puede exigir que espere o anule su movilización para no afectar los tiempos electorales. Y en ese terreno los medios pueden jugar un importante papel al dar espacio a los movimientos como hacen con los partidos. Con ello contribuirán a que la relación entre partidos y movimientos coexista sin que impere la lógica excluyente. Lo ideal sería que los partidos, especialmente los que se dicen de izquierda, recuperaran el compromiso con las causas que enarbolan los movimientos; sí, ya sé que son sólo buenas intenciones. Se vale a principios de año.