Guadalajara, Jal., 6 de enero. La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) envió al Congreso local un dictamen en el cual finca cargos por mil 369 millones 874 mil 200 pesos al ex alcalde de Zapopan, el panista Juan Sánchez Aldana, correspondientes a la cuenta pública 2009 del municipio.

La suma equivale a poco más de 30 por ciento del presupuesto que Zapopan ejerció en 2009, de 3 mil 759 millones de pesos.

Tenemos un dictamen que sostiene un cargo histórico, de una cantidad muy elevada, y lo estaremos revisando, dijo el priísta Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado.

Los cargos incluyen 808 millones 905 mil 486 pesos por irregularidades en la aprobación de fraccionamientos, 368 millones 919 mil 444 pesos por gastos en obras públicas no justificados, 37 millones 400 mil 763 pesos por obras públicas financiadas con recursos del ramo 33, y 154 millones 648 mil 505 pesos por anomalías administrativas.

El ex alcalde de Zapopan dijo que el actual alcalde, el priísta Héctor Vielma, no le entregó copias de las supuestas anomalías que halló la ASEJ para que pueda defenderse ante el organismo fiscalizador.

Narró que en septiembre pasado solicitó la información, pero sólo recibió un oficio, fechado el 11 de noviembre, del secretario de obras públicas del municipio, Mario Bueno Trujilo, en el cual se informaba que “a la fecha la ASEJ, el órgano fiscalizador de la cuenta pública, no nos ha hecho entrega de toda la documentación comprobatoria sobre su solicitud y no se cuenta con duplicado.

Es un gravísimo error administrativo del municipio haber entregado a la Auditoría originales y no copias certificadas, dijo el panista en la sede estatal del PAN.

El legislador priísta Barajas del Toro dijo que el panista Sánchez Aldana pudo haber solicitado una prórroga a la auditoría para entregar los documentos.

Jesús Casillas Romero, diputado local priísta y regidor en Zapopan durante la administración anterior, dijo: En lugar de buscar cobijo en su partido, este señor tiene que conseguir un abogado porque va a parar en la cárcel.

La Comisión de Vigilancia del Congreso local tiene nueve meses para aprobar el dictamen de la ASEJ.