Buenos Aires, 6 de enero. Las empresas trasnacionales de granos Nidera y Southern Seeds Production SA (SSP) mantenían encerrados a 130 trabajadores, y a otros 69, respectivamente –incluyendo adultos, adolescentes y niños–, en condiciones de servidumbre y en clara violación a los derechos humanos básicos y laborales, en establecimientos rurales de San Pedro, a poco más de cien kilómetros al oeste de esta capital.

Esos casos se descubrieron por la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que publicó en estos días el periodista y escritor Horacio Verbitsky conmocionando a la opinión pública.

Una fotografía publicada en Página 12 fue comparada por el rabino progresista Daniel Goldman con la que se tomó al momento en que los aliados ingresaron a la barraca de Auschwitz, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde encontraron a los esclavos recostados en sus literas con esos rostros y miradas donde ya nada los sorprende. Evidentemente hay un paralelismo entre ambas.

Goldman sostiene que lo que acontece en San Pedro no es otra cosa que una variante más de las formas de nazismo en Latinoamérica.

Modelo neoliberal

Las condiciones de trabajo en las zonas rurales han sido consideradas siempre las más injustas y miserables. Pero esto se agravó en los años 90 cuando la implantación del modelo neoliberal produjo desempleo masivo y un avance de grupos de grandes y medianos productores en todo el país sobre las tierras de los pequeños productores y las comunidades indígenas.

Los ministerios argentinos de Trabajo y Desarrollo Social advirtieron en estos últimos años sobre esa situación, de la que nunca hablaron las cuatro entidades rurales, que mantuvieron al país en vilo al comenzar el año 2008, cuando se negaron a pagar un impuesto sobre las millonarias ventas de soya al exterior.

En esos momentos mantuvieron cortes de carreteras y paros indefinidos, que bordearon el golpe como se denunció aquí, pero en sus establecimientos seguían trabajando los peones contratados en forma irregular y en condiciones de esclavitud.

Una mayoría de las personas esclavizadas en estos últimos casos provenía de la provincia norteña de Santiago del Estero, donde los campesinos luchan contra productores soyeros que se apoderan de sus tierras y utilizan grupos civiles e incluso compran policías y jueces para apoyar sus abusos, como denunciaron los dirigentes.

En la empresa Nidera, denunciada además por la AFIP por evadir impuestos por más de 260 millones de pesos, de las 130 personas encerradas y en condiciones de servidumbre, 30 eran niños y adolescentes. No tenían luz ni agua, no podían salir a ninguna parte y le descontaban la comida de sus magros salarios.

Estaban alojados en camiones de chapa, en los que dormían hacinadas hasta 20 personas, trabajando más de diez horas a pleno sol, incluidos días feriados. No sabían cuál era su salario final y tampoco dónde estaban.

En el último allanamiento en SSP el magistrado interviniente ordenó la detención de uno de los dueños y de cuatro capataces, mientras que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires clausuró el establecimiento.

Estos casos se enmarcan además con el delito de trata de personas en establecimientos rurales, cuya investigación encabeza desde diciembre pasado el fiscal de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio.

El magistrado determinó que los trabajadores son traídos bajo engaños por una empresa intermediaria, (terrcerizadas) y se les mantiene en condiciones de esclavitud.

En Southern Seeds para dormir contaban con unas 30 literas viejas dentro de una carpa de lona que debían compartir. Además, no tenían baños ni luz. El agua para bañarse la trasladaban en botes de agrotóxicos. Si alguno se escapaba nos decían que lo iban a pagar todos, dijeron las víctimas.

Ante esta realidad el ministro de Trabajo provincial, Óscar Cuartango, estimó que la situación descubierta – que se extiende a otros establecimientos agrícolas– rozaba lo que se considera jurídicamente crimen de lesa humanidad.

Por otra parte, el fiscal determinó que estos trabajadores regresen a sus tierras con el dinero que les deben y advirtió que las víctimas no pueden seguir trabajando con los victimarios, ante una solicitud de la empresa.

También se expuso la complicidad de la dirección sindical de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), conducida por Gerónimo Venegas, quien fundó con el gastronómico José Luis Barrionuevo la llamada Confederación General del Trabajo Azul y Blanca unida a la derecha peronista que ataca duramente al gobierno actual.

Venegas apoyó incluso a las dirigencias empresariales rurales responsables de estas y otras situaciones similares.

El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, dijo que urge terminar con esta y otras situaciones similares.

En los años 90 comenzaron a descubrirse cómo se utilizaba el trabajo esclavo en varias fincas o en fábricas textiles y otras en esta capital. Incluso hubo incendios en talleres de costura que provocaron víctimas fatales. Las penas para los responsables de este tipo de delito van de tres a 15 años de prisión, explicó el fiscal Giagnorio.

Para muchos juristas este debe ser el año en que se ponga fin a la esclavitud en el trabajo rural o en las ciudades mediante fuertes campañas.

De la misma manera las investigaciones judiciales demostraron en el caso de la toma del Club Albariño en Villa Soldati e incluso en el parque Indoamericano –donde la represión dejó tres muertos recientemente– cómo grupos de personas, apoyadas por punteros políticos, incitan y pagan sumas miserables a los sin techo para ocupar terrenos, que después lotean ellos y venden a otros, en una historia doblemente trágica.

En el país, 80 por ciento de la superficie cultivada está en manos de 20 por ciento de la población y sólo el mayor terrateniente del país, la firma Benetton, de Italia, posee tierras cuyo tamaño equivale a 4 mil 500 veces esta capital. El tema de la esclavitud abrió una ventana largamente cerrada que mira hacia el interior profundo del otro país.