De 2000 a 2010, los agentes de la Policía Federal (PF, antes Policía Federal Preventiva) han sido acusados de cometer 3 mil 388 violaciones a los derechos humanos, la mayoría de ellas en el Distrito Federal, Michoacán, Chihuahua, estado de México, Oaxaca, Baja California, Coahuila y Jalisco. Los actos que más han sido denunciados son detención arbitraria, cateo ilegal y abuso de autoridad.

En ese tiempo han sido denunciadas 42 violaciones al derecho a la vida, es decir, el número de muertes que los agentes federales han cometido violando las garantías de los ciudadanos durante sus actuaciones.

Lo anterior forma parte de la respuesta que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal dio a una solicitud de información de La Jornada, y el oficio SSP/SSPC/DGDH/5000/2010, elaborado por la Dirección General de Derechos Humanos de la dependencia.

De acuerdo con los registros anuales, a partir de 2007 –en diciembre de 2006 Felipe Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado y Genaro García Luna fue designado titular de la SSP federal– el número de denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos contra elementos de la PF fue en aumento.

Mientras en 2007 se reportaron 250 casos, en 2008 la cifra llegó a 687 reportes; para 2009 se registró otro aumento, que alcanzó 939 denuncias. Acerca de 2010, del primero de enero al 15 de octubre la SSP federal contabilizó 738 casos.

Antes de la actual administración, los reportes quedaron de la siguiente manera: en 2000 (último del gobierno de Ernesto Zedillo e inicio del de Vicente Fox) hubo 132 asuntos; 2001, 183; 2002, 236; 2003, 190; 2004, 181, y en 2005, 223 casos.

En 2006, último año del gobierno de Fox Quesada y principio del de Felipe Calderón Hinojosa, la cifra de denuncias ascendió a 199 casos.

La información de la SSP federal refiere que la mayoría de acusaciones contra los agentes federales son por el delito de detención arbitraria, mil 379 casos; abuso de autoridad, 554 quejas; cateo ilegal, 508 denuncias. Además, se presentaron 271 quejas por ejercicio indebido del servidor público; 230 por lesiones; 107 por extorsión; 79 por presunta tortura; 54 por amenazas; 48 por infracción indebida; 42 por violación al derecho a la vida; 38 por derecho de petición; 29 por cohecho; 25 por discriminación; 17 por obstruir la libertad de tránsito; cinco por violación al “derecho a la información y a la libertad de expresión, y dos por violación al libre desarrollo sexual.

De acuerdo con el reporte de la SSP federal, el Distrito Federal es donde los agentes federales han cometido el mayor número de violaciones a las garantías individuales en esos 11 años, a pesar de que no es una entidad en la que se lleve a cabo algún operativo conjunto contra el crimen organizado, aunque sí es el territorio donde la Policía Federal cuenta con el mayor número de instalaciones. En la capital del país se reportaron 581 violaciones.

Al Distrito Federal le siguen entidades en las que el gobierno federal ha aplicado los operativos conjuntos: Michoacán, 333 casos; Chihuahua, 312; estado de México, 230; Oaxaca, 199; Baja California, 197; Coahuila, 182; Guerrero, 161; Tamaulipas, 159; Chiapas, 148; Veracruz, 140; Sinaloa, 111; Durango, 95; Nuevo León y San Luis Potosí, 93 cada uno; Tabasco, 81; Sonora, 82; Guanajuato, 77; Nayarit, 55, y Morelos, 68.

Estados como Aguascalientes, Campeche y Yucatán, que son considerados territorios con bajos niveles de incidencia delictiva, también se han reportado casos de violaciones a derechos humanos, con 50, 23 y 27, respectivamente. En tanto, en Baja California Sur se han reportado 14; Colima, 9; Hidalgo, 56; Puebla, 54; Tlaxcala, 37; Querétaro, 32, y Zacatecas, 38.

A las 3 mil 388 denuncias por violaciones a derechos humanos se sumaron 570 casos, de los cuales 125 fueron por solicitudes de colaboración efectuadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 88 para otorgar medidas cautelares de protección y 357 de apoyo para la búsqueda de personas cuyo paradero se desconoce.

La SSP federal informó que del total de 3 mil 958 asuntos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 25 recomendaciones, clasificadas de la siguiente manera: 13 especiales y cinco generales a la extinta Policía Federal Preventiva, y siete especiales y ninguna general a la Policía Federal.