El sistema de radares terrestres que opera la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que tiene las encomiendas de detectar el tráfico ilícito de drogas y de salvaguardar la soberanía nacional ante amenazas externas– ya rebasó su tiempo útil y su ciclo de servicio eficiente ha concluido.

Así lo reconoce la Sedena en el documento Sustitución de los actuales radares del Grupo de detección y control número uno y ampliación de la cobertura del espacio aéreo nacional, que entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual justifica la adquisición de radares de largo alcance, para lo cual se requieren 2 mil 16 millones de pesos, aproximadamente, en un presupuesto multianual de cinco años, a partir de 2008.

El documento precisa que para realizar este proyecto se necesitaba la autorización de 200 millones de pesos en 2008, 450 millones en 2009, 450 millones en 2010, 500 millones en 2011 y 416 millones de pesos para 2012.

Señala que el costo podría incrementarse por las variaciones en el tipo de cambio y acontecimientos naturales o provocados por el hombre que afecten al país de importación o exportación.

Precisa que los radares que necesita son tridimensionales de estado sólido, con tecnología de punta, para relevar los existentes y mantener en forma efectiva y permanente la vigilancia del espacio aéreo en la mayoría del territorio mexicano.

El documento agrega que es imperante sustituir el sistema de radares, porque los actuales han estado en servicio 17 años, aproximadamente, que es precisamente su tiempo de vida útil.

La Sedena argumenta que la incidencia de actividades del narcotráfico en territorio nacional y la diversidad de medios y rutas empleadas para el tráfico de drogas originaron el reforzamiento de la Estrategia general para el control de drogas, que incluye el Sistema integral de vigilancia aérea (Siva), que opera la dependencia con apoyo de radares terrestres.

Explica que en la actualidad operan los modos primarios y secundarios de los tres radares, con excepción del modo primario de un equipo.

Reconoce que aun y cuando se encuentran operativos, su rendimiento se ve disminuido porque no trabajan con la potencia suficiente, debido al tiempo que se han mantenido en operación.

Respecto del sistema de datos, la Sedena sostiene que se emplean sistemas de respaldo como medio principal, por lo que cualquier falla significa una grave afectación del sistema por no tener redundancia, lo que repercute en pérdida de horas-vigilancia e inoperatividad del componente de detección terrestre del Siva.

Advierte que en esa situación –el documento fue entregado a Hacienda en 2010–, la intención es, a corto plazo, continuar con el empleo de los radares terrestres existentes, considerando su desempeño limitado por las constantes fallas de los diferentes subsistemas, debido a la fatiga operacional causada por el tiempo de servicio acumulado.

Aclara que en el momento en que no sea posible obtener refacciones, por lo obsoleto de su tecnología, se detendría la operación de uno de los radares, y se utilizarían sus componentes como refacciones y así sucesivamente hasta agotar su ciclo de vida, toda vez que a mediano plazo su recuperación será cada vez más costosa, ya que los diferentes sistemas van presentando una progresiva pérdida de operatividad y degradación.

En forma simultánea se incrementaría la fatiga y desgaste de otros componentes del Siva, como la detección aerotransportada, ya que las plataformas aéreas (aviones que se utilizan para vigilancia aérea con radares a bordo) tendrían que intensificar sus vuelos de reconocimiento y vigilancia para suplir la falta de operatividad de los radares terrestres”.

El propósito es que con la inversión se evite que el componente de detección y control (radares terrestres) del Siva quede fuera de servicio por periodos prolongados, debido a la dificultad para obtener refacciones, y que por esta situación se vea disminuida la capacidad de vigilancia del espacio aéreo nacional.

La sustitución de los actuales equipos tiene como finalidad incrementar la capacidad operativa, cobertura de vigilancia y control del espacio aéreo nacional en la frontera sur del país; coadyuvar en el fortalecimiento del estado de derecho, combatiendo al tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada; preservar la soberanía de nuestro territorio, realizando coberturas preventivas en las fronteras, la masa continental, el mar territorial y las aguas interiores.

Además, se busca desarrollar en forma equilibrada la capacidad de respuesta del Ejército y la Fuerza Aérea, fortaleciendo su participación, coordinación operativa y proceso de modernización, de conformidad con las prioridades de seguridad nacional; con el propósito de alcanzar un mejor nivel de seguridad de la sociedad en su conjunto.

La Sedena señala que, en caso de que no sea aceptado su proyecto, tendrían que adquirirse dos aviones para patrullaje de alerta temprana, con tecnología de punta, para la detección y seguimiento de blancos ilícitos.

Advierte que esta opción representaría un costo 200 por ciento mayor que la compra de radares, por el tipo de aviones y equipo que necesitan.

Concluye que la mejor solución, por su confiabilidad y disponibilidad, son los radares para los próximos 15 años después de su implementación, además de que pemitirán ampliar la cobertura, principalmente en el norte del país.