l tema de la supervía poniente es desde hace meses un motivo de preocupación para los habitantes de la ciudad de México, no sólo por las opiniones encontradas en cuanto a la necesidad de su construcción, sino porque ha revelado una actitud desconocida por parte del Gobierno del Distrito Federal (GDF). En efecto, la supervía poniente ha resultado una muestra de que en todos lados se cuecen habas, y la actitud oscura, cerrada al diálogo y represiva de las autoridades parece extrañamente más propia de gobiernos comprometidos con unos cuantos intereses económicos que con los de la ciudadanía. Basta señalar que ese proyecto tiene 17 años intentando ponerse en marcha, encontrando siempre la férrea oposición de los vecinos de las zonas que pueden verse afectadas por el mismo. En aquel entonces se expresaba el interés existente en el desarrollo inmobiliario, ahora se trata de justificarlo argumentando razones viales.

El GDF realizó sin embargo algunas acciones vergonzosas para autorizar esta obra. A pesar de que la construcción de la vía era un secreto a voces, el GDF lo negó reiteradamente. Ello no obstante, el 11 de diciembre de 2009 se publicó en la Gaceta una Declaratoria de Necesidad, en la que se establecía, valga la redundancia, la necesidad de la obra, y se invitaba a la presentación de proyectos. Sospechosamente ese mismo día las empresas que posteriormente conformaron Controladora Vía Rápida Poetas (OHL Concesiones de México, SA de CV; Inmobiliaria COPRI y Constructora ATCO) presentaban un proyecto que se les adjudicó de manera directa. La Ley de Régimen Patrimonial en el DF había sido también modificada previamente en la Asamblea, a fin de autorizar la adjudicación para un proyecto de este tipo sin licitación alguna. ¿Increíble, no? El GDF negó siempre la existencia del proyecto, pero estas empresas lo tenían listo desde el mismo día en que se publica el decreto. Además, al mismo tiempo que las maniobras jurídicas se llevaban a cabo, hubo toda una labor para minar el tejido social en la zona de La Malinche, propiciando la fractura de la comunidad y logrando convencer a algunas personas para que aceptaran las expropiaciones de las que eran objeto 51 predios.

Con anterioridad a estos hechos, un grupo de habitantes de las colonias La Malinche y San Jerónimo habían conformado un grupo denominado Frente Amplio en contra de la Supervía Poniente de Cuota en Defensa del Medio Ambiente, con el propósito de solicitar información, dialogar con las autoridades y realizar acciones para que se respetaran sus derechos a la participación y a la consulta. Para ello buscaron el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y de académicos, y presentaron quejas, tanto a la Comisión de Derechos Humanos como a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF. La primera de estas autoridades ha estudiado el asunto y se espera que pronto emita una recomendación, en la que se señalen todos los derechos humanos que les han sido violados. Ha emitido igualmente una serie de medidas cautelares destinadas a la protección de la gente de la zona y a buscar que se les garantice un proceso transparente, justo y apegado a la legalidad.

Ante las reiteradas negativas del GDF, el Frente, junto con organizaciones de la sociedad civil, realizó solicitudes al Instituto de Acceso a la Información del DF, y las resoluciones de este organismo muestran la opacidad con la que se ha manejado el asunto por parte de las autoridades. Presentó, asimismo, juicios de amparo en contra de la obra, destacando uno en el que se señala la franca violación a la Ley de Medio Ambiente del Distrito Federal, la cual establece la necesidad de la consulta previa a la ciudadanía afectada por este tipo de obras. La que no se dio. Se han interpuesto además juicios de nulidad en contra del dictamen emitido por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal respecto de la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa concesionaria, y en contra del Título de Concesión que autoriza la obra, porque compromete la imparcialidad del gobierno, al pactar éste su coadyuvancia con la empresa para la obtención de los permisos necesarios para la obra. No se puede ser juez y parte. Ha también organizado foros con expertos en materia ambiental, de vialidad y de derechos humanos, con el fin de hacer del conocimiento público las razones por las que se opone a este proyecto, buscando infructuosamente un diálogo con las autoridades, con el fin de buscar alternativas viables.

Ante la falta de respuesta del gobierno, se conformó una Comisión Ciudadana de Acompañamiento, integrada por diversas personalidades, con el fin de poder lograr un acercamiento entre las partes involucradas en el conflicto. Por otro lado, el Frente, en ejercicio de su derecho a la resistencia civil, instaló desde el pasado 26 de julio un plantón en la denominada zona cero ubicada en La Malinche, en la que habita un número importante de sus integrantes. En esta zona los afectados han sido víctimas de agresiones tanto por parte de las autoridades como de los trabajadores de la empresa. La más reciente el día primero de enero (¡bonita manera de empezar el año!), y ello sin contar con que ha habido detenciones de sus integrantes, que sólo pueden calificarse de tramposas.

A pesar de esto, los opositores a este proyecto se han mantenido firmes, exigiendo de manera pacífica que se respeten sus derechos, y exponiendo públicamente los motivos de su postura. La respuesta hasta ahora de las autoridades ha sido la fuerza. No se han respetado las medidas cautelares de la CDHDF, ni atendido los argumentos de los expertos, ni respondido al llamado al diálogo. Por el bien de la ciudadanía y el decoro del gobierno, esperamos que esta actitud cambie cuanto antes.