Una veintena de organizaciones de la sociedad civil participaron este sábado en la asamblea de solidaridad y acompañamiento con el Frente Amplio en contra de la supervía poniente. Fueron más de 100 personas las que se congregaron en el plantón pacífico de la llamada zona cero de la colonia La Malinche, delegación Magdalena Contreras.

Durante el encuentro se explicó el avance de las acciones judiciales interpuestas; se aclaró que la reunión del próximo miércoles con Marcelo Ebrard, no es con el Frente Amplio sino con la Comisión Civil de Acompañamiento (CCA), y se fortalecieron los vínculos entre los vecinos de La Malinche con las diferentes organizaciones, algunas de las cuales participaron con el Gobierno del Distrito Federal en la elaboración del Programa de Derechos Humanos y la carta de la ciudad de México.

Los representantes de los diferentes colectivos, entre los que se encontraban Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), comunidades eclesiales de base, los centros Miguel Agustín Pro y Fray Francisco de Vitoria, los Jóvenes Comunistas, el Centro de Estudios Ecuménicos y agrupaciones de vecinos de otras delegaciones, como Tlalpan, además de académicos y especialistas de universidades, coincidieron en que el proyecto de la supervía ha consumado no sólo afectaciones ambientales, sino también sociales y de violación a los derechos humanos.

Cada una de las organizaciones emitió un mensaje: No fue un pase de lista, sino voces de solidaridad, explicó la representante del Fray Francisco de Vitoria, quien moderó el encuentro.

El objetivo de la asamblea fue articular lazos entre las organizaciones y generar propuestas de apoyo al Frente Amplio. Se dijo que la resistencia de los vecinos de La Malinche es una lucha de todos los habitantes del Distrito Federal y que el conflicto que comenzó hace ya varios meses y se agudizó la semana pasada, cuando el gobierno capitalino, en día festivo y antes de que amaneciera, tomó posesión de los predios expropiados con la ayuda de más de 800 granaderos, es significativo pues, a decir de los participantes en la asamblea, representa el talante autoritario de la administración local.