Al mismo tiempo que el presidente Felipe Calderón ordenó a los embajadores matizar el tema de la violencia en México, los organismos de seguridad informaron que dicho fenómeno aumentó en 2010, lo cual pone de manifiesto que el gobierno mantiene su estrategia de callar la realidad nacional para limpiar su imagen en el extranjero.

Así lo afirmaron activistas de derechos humanos consultados, quienes lamentaron que las autoridades prefieran ocultar el tema a nivel internacional, en vez de dar pasos efectivos para resolver la ola de inseguridad.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señaló que la imagen que el mandatario quiere proyectar es totalmente contraria a la violencia desbordante que existe en muchas zonas del país, donde las autoridades incluso ya han sido rebasadas.

“El gobierno quiere crear una idea falsa para ocultar las consecuencias de su política de militarización. Hay una fuerte campaña para limpiar esa imagen y demostrar que se ha avanzado en el combate a la criminalidad.

Esa doble moral ha dañado mucho al país, porque hacia adentro reconoce lo delicado de la situación, y hacia afuera no, manifestó.

El activista puntualizó que por más que se quiera construir una fachada benévola, el rostro verdadero del país aparece al no cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia ante la que ha defendido al Ejército en casos como los de Inés Fernández y Valentina Rosendo, o los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

De su lado, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que la orden de Calderón al servicio diplomático busca ignorar las más de 800 recomendaciones que diversas organizaciones internacionales le han dirigido a México por delitos graves como tortura o desaparición forzada.

Es imposible ocultar las cifras de la realidad, porque independientemente de ellas, existen todas esas recomendaciones que obligan al Estado a diseñar con responsabilidad políticas públicas para avanzar en el respeto a los derechos de las personas, apuntó.