Desde 2007, sólo 11 de 34 universidades públicas estatales concentran más de la mitad de los recursos extraordinarios destinados por la Cámara de Diputados al crecimiento de la matrícula en ese nivel académico en el país, mientras que las 12 instituciones más pequeñas y con menos alumnos, sólo accedieron a 12 por ciento de los recursos.

Un análisis de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre los resultados del Fondo para el Incremento de la Matrícula en Educación Superior, sugiere que se alcanzó un efecto positivo, con un incremento de 30 mil jóvenes atendidos en el ciclo 2007-2008, y de 40 mil para el periodo 2008-2009.

Sin embargo, reconoce que en su mayoría se benefició a las universidades estatales más grandes y con mayor porcentaje de alumnos atendidos, que obtuvieron 56.3 por ciento de los 3 mil millones destinados hasta 2009.

El documento advierte que un tercio de estas instituciones absorbió más de la mitad de los recursos disponibles en el fondo, y enfatiza que aquellas que han mostrado alta capacidad para atraer aportaciones financieras, son también algunas de las más grandes y antiguas del país.

Este hecho, afirma, no es fortuito o aleatorio. Se trata de las universidades públicas estatales que tienen mayor capacidad de gestión y administración.

Subraya que las desiguales capacidades institucionales y organizativas para aprovechar las oportunidades del entorno, en este caso acceder al fondo, se refleja nítidamente en la distribución de los recursos.

Agrega que es preciso determinar si este patrón de distribución revela las capacidades reales de las instituciones para impulsar el crecimiento de su matrícula, o si este esquema es resultado de una mayor capacidad para acceder a ellos, en una proporción desmedida, restándoles posibilidades a las instituciones con menor fortaleza institucional.

Los resultados revelan que entre 2007 y 2009 la Universidad de Guadalajara recibió 310.7 millones de pesos (10.4 por ciento), la Universidad Autónoma de Nuevo León, 192.8 millones de pesos (6.4); la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 189.9 millones (6.3); la Universidad de Guanajuato, 189.1 millones (6.3); la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 165.7 millones (5.5), y la Universidad Autónoma de Sinaloa, 118.1 millones (3.9).

En este grupo también se incluye a la Universidad Autónoma de Querétaro, que recibió 116.8 millones de pesos (3.9 por ciento), la Universidad Veracruzana, 110.3 millones de pesos (3.7); la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 103.4 millones (3.4); Universidad Autónoma de Baja California, 103.3 millones (3.4), y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 94.3 millones de pesos, lo que representa 3.1 por ciento de los recursos.

En contraste, las universidades autónomas de Hidalgo, Campeche, Morelos, Aguascalientes, Benito Juárez de Oaxaca, Baja California Sur y del Carmen, junto con las de Colima, Sonora, Durango, Quintana Roo y el Instituto Tecnológico de Sonora, apenas recibieron, en conjunto, 12 por ciento de los recursos, es decir, 400 mil pesos.

El fondo, creado en 2007 para financiar acciones que permitan absorber la creciente demanda de jóvenes a la educación superior, que cuenta con la participación tanto de fondos federales como estatales, se ha destinado en 51.6 por ciento para la construcción de nuevas instalaciones, 25.4 para equipamiento y 7.3 para infraestructura, pero sólo un 0.5 por ciento de las partidas extraordinarias se ha canalizado para recursos humanos, uno por ciento a mantenimiento y 1.6 por ciento para conectividad.