El incierto futuro de la reforma migratoria
l Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes de EU, donde se discuten los asuntos migratorios, estaba integrado por 24 representantes demócratas y 16 republicanos en la legislatura 111 que concluyó la semana pasada. Ello significaba una ventaja para la aprobación de un proyecto de reforma migratoria integral que incluyera la regularización de millones de indocumentados. El proyecto de ley presentado en diciembre de 2009 consideraba dicha regularización, pero nunca pudo ser discutido. El liderazgo demócrata fue reticente a embarcarse en una discusión que pudiera tener un efecto negativo entre el electorado blanco que mayoritariamente rechaza cualquier concesión a los indocumentados.
En la legislatura 112, que recién se estrenó, el balance entre demócratas y republicanos en ese Comité favorece a estos últimos. Quienes lo encabezan, se han distinguido por su perseverancia en condenar a los inmigrantes indocumentados por el costo que representan para los programas educativo y de salud; se oponen, además, a cualquier reforma que incluya su regularización migratoria. No han llegado a los extremos de otros de sus compañeros de partido que han sugerido se revoque la ciudadanía a los hijos de los indocumentados, pero no por ello han sido menos cáusticos en sus propuestas para hacer más duras las medidas en su contra.
Para completar este cuadro, lo único que queda por saber es si el gobierno endurecerá aún más su política en contra de quienes carecen de documentos migratorios, como vía para satisfacer las pretensiones de los republicanos. Una de ellas es que se garantice primero la seguridad en las fronteras para después iniciar la discusión sobre una reforma migratoria.
Con motivo del rechazo de la propuesta conocida como Dream Act, componente fundamental de la reforma migratoria integral, el doctor Jorge Bustamante, Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, recordaba al gobierno mexicano su obligación de preparar un plan para repatriar y ofrecer trabajo a más de un millón de jóvenes mexicanos que pudieran ser deportados debido al fracaso de esa iniciativa. Tal vez haya que recordarle también su obligación de ofrecer medios dignos de supervivencia a los familiares y amigos de esos jóvenes que correrán la misma suerte si prospera la agenda migratoria de quienes encabezan el mencionado comité.
