ientras quienes sufrieron la pérdida de familiares o su patrimonio en San Martín Texmelucan, Puebla, reciben a cuentagotas las indemnizaciones fijadas por las instancias oficiales, bueno es recordar con qué rapidez las autoridades prometen atender e indemnizar a las víctimas de una tragedia como la citada y la velocidad con que se olvidan de hacerlo. Un ejemplo que se repite: en febrero de 2005, y en respuesta a dos accidentes en ductos e instalaciones, Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró estar consciente de su responsabilidad con la sociedad y con el medio ambiente y que, por ese motivo, ha llevado a cabo, sin escatimar recursos humanos y materiales, un conjunto de acciones orientadas a la atención rápida y oportuna de la población afectada, así como a la remediación de las áreas impactadas por los derrames de productos en cuerpos de agua y en terrenos.

Se refería al incendio en la estación de bombeo Mazumiapan y al derrame de más de 5 mil barriles de petróleo en el oleoducto que va de Teapa a Poza Rica. Ambos accidentes causaron lesiones a varios trabajadores, obligaron a desalojar a 200 personas, mientras miles más sufrieron problemas en vías respiratorias y ojos; fachadas de casas, lanchas de pescadores y embarcaciones mayores resultaron manchadas de crudo. No menores fueron los daños ambientales al río Coatzacoalcos, el arroyo Tepeyac, la laguna de Pajaritos, la zona costera, manglares y 300 animales impregnados por hidrocarburos. Sobre lo ocurrido, Pemex sostiene que desde el inicio de esta emergencia se abocó a proteger la salud de los lesionados, a asegurar la salud y la integridad de la población y a contrarrestar el impacto ecológico por medio de la contención de los hidrocarburos. Y que consciente de su compromiso con la sociedad, actualmente está concentrado en la atención de los lesionados hasta su recuperación y rehabilitación total, en la reparación de daños a la población y en el análisis del impacto ambiental para su restauración. Estos boletines aparecen cada que hay un accidente, cuando lo que urge son, entre otras cosas, medidas preventivas, instalaciones y ductos seguros y alejados de los centros de población. Suman decenas los accidentes cuyo responsable es Pemex lo mismo en Hidalgo, Guanajuato, Veracruz o Tabasco. Para la primera década del presente siglo recordamos los de 2001 y 2002 en la refinería de Tula y en el complejo petroquímico de Poza Rica. Los del 5 de junio, 15 de noviembre y 18 de diciembre de 2003 en Ciudad Mendoza, Coatzacoalcos y Tula. Los de diciembre de 2004, en Santiago Tuxtla y en Cunduacán. En 2005 en el oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica, en un gasoducto en la zona de Reforma-Dos Bocas y en un oleoducto en desuso al sur de Veracruz.

El 17 de octubre del 2006 explota y se incendia el buque tanque Quetzalcóatl, en la Terminal Marítima de Pajaritos. En 2007 los hay en tres municipios de Guanajuato y en Iztapalapa. El 23 de octubre mueren 22 trabajadores en la sonda de Campeche. Tres días después en Veracruz hay un derrame de hidrocarburos. En 2008, explota un ducto en Tabasco y hay 45 accidentes y derrames en Veracruz. En 2009 ocurren dos más en Tabasco. Por falta de espacio, hasta aquí la relación. Hace dos años Pemex prometió entregar una propuesta a la Conferencia Nacional de Gobernadores para endurecer el marco legal que actualmente rige a la paraestatal en torno a los derechos de vía para evitar invasiones humanas y con ello prevenir accidentes. Eso dijo el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. Agregó que Pemex haría llegar a los gobernadores un nuevo mapa de zonas de riesgo y un censo de las invasiones de derechos de vía que hay en cada entidad federativa. En las de Puebla y Tlaxcala, afectadas por la reciente explosión, dicen no tener aún esos mapas. ¿Y la referida propuesta?

Pero veamos las cosas buenas, como pide el gobierno: hace un año, el director de Pemex dijo que la paraestatal es empresa líder a escala mundial en baja de accidentes. Los diputados lo iban a citar para que informe del accidente en San Martín Texmelucan. Y el licenciado Felipe Calderón prometió aplicar todo el peso de la ley a los que lo causaron. Ni duda: una tragedia más al olvido.