Al reiniciar hoy las clases en 231 mil escuelas de educación básica, el acuerdo entre el gobierno de Felipe Calderón y las empresas que han apoyado al Partido Acción Nacional (PAN) pasará por encima de la salud de más de 27 millones de niños que podrán comprar en sus escuelas productos chatarra, que afectan a los infantes, advierten legisladores, investigadores y representantes de organizaciones civiles.

Las utilidades de esta industria, que ascienden a 40 mil millones de pesos en las cooperativas escolares, no se tocan por una razón de fondo: el apoyo financiero a los intereses electorales con miras al 2012, coinciden expertos.

Sin embargo, el subsecretario de Educación Básica y yerno de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, rechaza de manera tajante que los intereses económico-políticos existan en los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas, que a partir de este lunes se aplicarán en las escuelas públicas y privadas de enseñanza básica en todo el país.

Afirma que en las reuniones en que participó con los representantes de esta industria, lo único que “vi fue un gran deseo de cooperación; hubo empresas que ofrecieron fideicomisos para mejorar canchas deportivas, infraestructura, e incluso refresqueras que decidieron salirse de las escuelas antes de que los lineamientos entraran en vigor.

“En mi trato con todos ellos, lo único que vi fue el interés por mantener la planta productiva, la planta laboral de manera completa y el interés social por mejorar sus fórmulas y alimentos… Jamás vi prácticas dilatorias, no vi manejos turbios. Si los hubiera visto, lo diría.”

Contrario a esa consideración, el diputado Helario Verver, de la Comisión de Salud, sostiene que dicha regulación se convirtió al final en un documento a modo de los grandes intereses económicos que, por tanto, tienen intereses políticos. Este es un año electoral y prelectoral decisivo.

El investigador Telésforo Nava, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Iztapalapa, subraya que “lo económico es un asunto político. En este reglamento se juegan enormes intereses de quienes fabrican los productos chatarra. El grupo Bimbo es el gran financiador de Acción Nacional y tiene un peso muy fuerte en el sistema político, incluso no sólo en el blanquiazul, ya que el PRI agacha la cabeza cuando los Servitje (propietarios) dan alguna orden”.

Este es un caso, añade, en donde el poder económico se impuso al bien colectivo, porque los funcionarios saben los beneficios que proceden de los hombres del dinero: el apoyo en abundancia para sus campañas electorales, que este año es vital, por las elecciones en el estado de México, que son el preámbulo para el proceso de 2012.

El director de El poder del consumidor, Alejandro Calvillo, recuerda que Bimbo, Coca-Cola y PepsiCo, las tres grandes procesadoras de alimentos que acaparan el mercado, incluyendo el de las tiendas escolares, “han tenido momentos en que han sido denunciadas por sus vínculos con las campañas políticas. La familia Servitje, con el PAN; Coca-Cola, con Vicente Fox y todas las relaciones del blanquiazul con ese grupo, mientras que Pepsi, por medio de Sabritas, participó de manera evidente en la campaña contra López Obrador”.

Además, agrega, no hay que olvidar que la ex titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefina Vázquez Mota, realizó convenios con Coca-Cola y Pepsi para acordar programas de vida saludable en las escuelas, cuestión que daría risa en cualquier otro país del mundo.

En esta regulación, agrega, el cabildeo ocurrió a nivel del Poder Ejecutivo. “El secretario de Economía, Bruno Ferrari, y la subsecretaria de Industria y Comercio, Lorenza Martínez, presionaron para que se modificaran los lineamientos y el primero que dio cabida al argumento de las empresas fue Alonso Lujambio.

Por parte de la industria, el cabildero de alto nivel que ahora sirve a las empresas fue Jaime Zabludovsky, presidente ejecutivo de ConMéxico, organismo en donde se agrupan PepsiCo, Coca-Cola, etcétera, y quien durante el gobierno de Carlos Salinas fue subsecretario de Economía.

Para el presidente de la comisión para analizar los esquemas de tercerización de servicios en el sector público de la Cámara de Diputados, Emilio Serrano (PRD), es claro que los titulares de la SEP, Alonso Lujambio, y de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova, se hicieron de la vista gorda. Los políticos sin escrúpulos venden todo lo que está a su alcance, hasta la salud de los niños.

En este contexto, tampoco se puede perder de vista que el titular de la SEP, Alonso Lujambio, cree que puede jugar la candidatura a la Presidencia de la República, al igual que los secretarios de Hacienda y del Trabajo. Quieren llegar a como dé lugar, aunque sea vendiendo al país, sostiene.

Por esa razón, agrega, se permite que “los grandes empresarios hagan y deshagan con los productos que venden. En lugar de en Educación, Lujambio debería estar en la Secretaría Promotora de Productos Chatarra”.

Pese a que México es líder mundial en obesidad de adultos y es el país número uno con niños que padecen sobrepeso y obesidad, las nuevas medidas permiten, por ejemplo, galletas, pastelitos, confites y postres de 140 kilocalorías o menos, botanas con igual número de calorías y bebidas con edulcorantes, estas últimas para los alumnos de secundaria.

Alejando Calvillo recuerda que Coca-Cola tiene una serie de marcas de bebidas, como Del Valle, y el grupo PepsiCo no sólo es la Pepsi, sino todas las botanas que vende mediante Sabritas y Sonrics, y lo mismo ocurre con Bimbo, con Marinela, Barcel y Ricolino.

Las empresas ya están sacando jugo de las nuevas disposiciones, y en un hecho “gravísimo, hay las que, como Jumex, sacaron espectaculares en donde dicen que sus productos están avalados por la SEP. Ahora nada más falta que las minichatarras aparezcan con el sello de que son saludables”.

El subsecretario González Sánchez indica que la industria alimentaria en México “es muy importante, y entre todos debemos cuidarla. Ellos deben responder con mayor responsabilidad social incorporando las innovaciones que nos lleven a una mejor alimentación de los niños y niñas… Pero esperaríamos que de fondo, en el nuevo etiquetado (de los productos), se explique que sí se responde a los requerimientos y no se trate sólo de un tema de mercadotecnia”.

Desde la óptica nutricional, la investigadora María del Consuelo Velázquez, del Departamento de Atención a la Salud de la UAM-Xochimilco, señala que aquí no se trata de quién va a ser el próximo presidente de México, porque independientemente de quien vaya a ser, tenemos un problema que no se ha resuelto y que no se resolverá con medidas parciales.

Advierte que si no se regula la venta de alimentos, si no se quita a los vendedores en el exterior de las escuelas, si no se educa a los padres para que preparen comida saludable, entonces sólo se da atole con el dedo y, por cierto, un atole bastante endulzado y con azúcar refinada. De ahí que insista en su propuesta de introducir básculas en todos los planteles, para pesar a los niños al inicio del ciclo escolar y medir su grasa corporal, entre otros rubros, así como el servicio de los nutriólogos para que al final del año se realice una evaluación.

El que hayan imperado los intereses de una industria –la cual obtiene 40 mil millones de pesos tan sólo en las cooperativas escolares– sobre la salud infantil retardará incluso la solución, y el problema será más grave, lamenta Heladio Verver.

María del Consuelo Velázquez añade: que la historia se los aplauda o reclame, pero lo que puede pasar es que estas medidas queden como una campaña frustrada e ineficiente.