Nueva York, 11 de enero. El presidente Barack Obama viajará a Arizona este miércoles para participar en las ceremonias fúnebres y visitar a los heridos, todos víctimas de un joven con trastornos mentales en un estado que ha sido calificado como la capital del odio y la intolerancia.

Mientras continúan las expresiones de condolencias a las familias de los seis muertos y de apoyo a los 14 heridos, incluida la diputada federal Gabrielle Giffords, los actos de la mañana del sábado han detonado un debate nacional sobre la retórica de odio y violencia que ha marcado el discurso político desde las elecciones de 2008. Y, como siempre ocurre después de estos actos impensables, el debate también gira en torno al control de armas en este país que tiene la población más armada del mundo.

El director del canal de cable Fox News, Roger Ailes, giró instrucciones para que sus conductores famosos por su inflamable retórica de derecha reduzcan el tono, al tiempo que editorialistas, comentaristas y políticos de todo tipo debatían sobre qué tanta responsabilidad tiene el discurso político polarizado e intolerante de los últimos años en los hechos sangrientos en Tucson.

El New York Times, en su editorial de ayer, afirmó que aunque Jared Loughner, el asesino en Tucson, parece padecer una enfermedad mental, forma parte de una ola de temor, ira e intolerancia que ha producido amenazas violentas contra decenas de políticos e infectado a la corriente política con imágenes violentas. Agregó que muchos en la derecha han explotado los argumentos de división, cosechando poder político al demonizar a inmigrantes y quienes reciben asistencia pública, o burócratas. Parecen haber persuadido a muchos estadunidenses de que el gobierno no solo está mal guiado, sino que es el enemigo del pueblo.

Los dirigentes republicanos y líderes conservadores ahora enfrentan un panorama en el que han sido obligados a cambiar, tal vez solo por un corto plazo, sus tácticas ante el ataque en Tucson. John Boehner, nuevo líder de la mayoría republicana en la cámara baja, ha encabezado este esfuerzo, buscando resaltar la cordura y respeto entre los legisladores, y suspendió acciones legislativas agresivas programadas para esta semana, sobre todo el ataque frontal contra la reforma de salud de Obama. Mañana participará en otro acto de conmemoración a las víctimas junto con su contraparte demócrata Nancy Pelosi.

Obama viajará a Arizona, donde en una ceremonia en honor a las víctimas intentará ofrecer un discurso de unidad entre los estadunidenses. Visitará a los heridos y estará con las familias de los seis muertos, entre ellos la del juez federal John Roll.

Pero llegará a un estado que ha sido centro de la división, que ha impulsado leyes antimigrantes más severas, ha atacado a la comunidad latina, y cuyas leyes permiten que cualquier ciudadano, incluido alguno con problemas mentales, entre a una tienda y compre una arma semiautomática, y que bajo la ley la puede portar oculta en actos masivos sin un permiso especial.

Ayer Daniel Hernández, ciudadano naturalizado y uno de los héroes durante la balacera, quien le salvó la vida a la diputada Giffords, cuando le levantó la cabeza para que no se ahogara en su propia sangre y la mantuvo alerta y acompañada, fue elogiado por los legisladores de Arizona y la gobernadora Jan Brewer. Estos mismos políticos promulgaron la ley antimigrante que entre otras cosas establece que si Hernández estaba en algún lugar donde se comete un delito, la policía podría solicitarle pruebas de que no es indocumentado y detenerlo hasta que lo haga.

Un hombre sostiene un periódico local en el memorial improvisado afuera del hospital donde se recuperan las víctimas del pistolero que atacó en Tucson, Arizona, a la representante demócrata Gabrielle GiffordsFoto Reuters

A la vez, esa misma legislatura tuvo que actuar rápidamente para aprobar una ley de emergencia para evitar más locura en su estado. Aprobó una ley que establece que toda manifestación cerca de un acto fúnebre tenía que ser realizada a buena distancia de esa ceremonia. Esto para evitar que un grupo fundamentalista cristiano realice una manifestación cerca del servicio fúnebre de la niña de 9 años que murió en la balacera del sábado, y donde enviarán el mensaje de que Dios envío al tirador para enfrentar a un Estados Unidos idolátrico. La misma agrupación se ha presentado en funerales militares para expresar su posición de que esas muertes son castigos de Dios por la tolerancia de este país a la homosexualidad.

Tras cada acto de violencia con armas de este tipo –como fue el caso de las balaceras en universidades y preparatorias y hasta en bases militares durante los últimos años–, resucita el debate sobre el control de armas en un país donde los ciudadanos tienen más de 200 millones de armas de fuego. Agrupaciones a favor del control de armas y algunos legisladores impulsan iniciativas para hacer más difícil que alguien como Loughner pueda adquirir armas, e imponer mayores requisitos.

Sin embargo, hasta la fecha Obama no ha mencionado nada acerca del control de armas y parece que evitará el tema, especialmente en un estado que, aparentemente, con otros, considera el derecho a las armas como algo sagrado.

En lugar de eso, el gobierno de Obama evalúa, junto con el Congreso, medidas para para proteger más a políticos de las balas. El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, reconoció la creciente alarma entre servidores públicos ya que se ha incrementado el nivel de amenazas creíbles contra legisladores en los últimos años. Sin duda, amenazas contra funcionarios públicos continúan siendo causa de preocupación y vigilancia, dijo.

Pero curiosamente, un buen sector de la opinión pública no comparte la preocupación de editorialistas, comentaristas y algunos políticos de que el ambiente político tóxico generado por la retórica intolerante es causa de actos como el de Tucson. Una encuesta de CBS News difundida hoy registró que 57 por ciento cree que el severo tono político no tuvo nada que ver con el atentado, y 32 por ciento considera que sí.

Por lo menos dos de las víctimas no estarían de acuerdo con esta mayoría. La diputada Giffords, quien hoy animó a sus doctores y familia al continuar progresando y dar una señal de que va bien, había sido amenazada y fue blanco repetido de ataques por derechistas. El juez Roll había estado amenazado de muerte por sus posiciones sobre el tema migratorio. Y el mismo sherif del condado de Pima, Clarence Dupnik, donde ocurrió el ataque, ha responsabilizado al clima de odio e intolerancia en su estado y la nación como factor en el derrame de sangre el sábado pasado.