ronto se cumplirá el primer mes de la ejecución de Marisela Escobedo, la madre que armada de su puro valor personal indagó y presionó para que fuera castigado el asesino de su hija, y ya ayer se conoció el caso de otra mujer en lucha contra injusticias que ha sido desprovista de vida, Susana Chávez, activa denunciante de crímenes de género cometidos en Ciudad Juárez y de otros abusos practicados por diversas vertientes de los poderes que rigen el curso de sociedades como la de Chihuahua.

Caída el pasado 16 de diciembre frente al palacio estatal de gobierno, en la ciudad capital, Marisela no cerró con su propia sangre el ciclo de desgracia decretado en su contra por intocables o inalcanzables delincuentes no oficiales –en apariencia, según todos los datos publicados hasta ahora, un miembro de tropa de uno de los cárteles en pugna en aquella región–, pues el resto de su familia y su cercanía afectiva han sido atacados por manos presuntamente relacionadas con el narcotráfico para no dejar en pie ningún ánimo de denuncia o combatividad a cuenta del crimen original, el realizado contra la joven Rubí, o de la pasividad y posible complicidad de funcionarios chihuahuenses y federales para mantener el caso impune. La irritación nacional causada por el asesinato de Marisela, el inmediato ataque a una maderería propiedad de su compañero sentimental y el homicidio de un hermano de éste, además de las amenazas a los hijos sobrevivientes, que luego pedirían asilo en Estados Unidos, duró apenas unas 72 horas antes de ser desplazada por el espectáculo de transmisión en vivo que protagonizó Diego Fernández de Cevallos a título de su reaparición pública.

Ahora, justamente cuando va prendiendo (mediante una campaña impulsada por los maestros Eduardo del Río, Rius, y Julio Scherer García) una primera forma de masiva protesta pública contra el baño de sangre a que el calderonismo ha sometido a la nación, se conoce del homicidio de alguien que no había optado por la denuncia y la manifestación públicas solamente en función de agravios directos (el asesinato de hijos, por ejemplo) sino en cumplimiento de una visión y un compromiso más amplios, relacionados con la búsqueda de justicia social (no solamente individual) y con plena conciencia de que los males del país tienen una razón estructural que debe combatirse mediante acciones políticas. Susana Chávez defendía a las mujeres en general y denunciaba y exigía justicia en particular en los casos Las Muertas de Juárez. Ella, Susana, a quien algunos atribuyen la creación o el lanzamiento de la frase Ni una muerta más, es hoy un agregado numérico a la nómina de la vergüenza institucional: fue torturada y asesinada, con el detalle macabro del cercenamiento de su mano izquierda.

Los casos de Marisela y Susana tienen contextos que se complementan: en el de la madre de la asesinada Rubí asoman claramente los rasgos de la impunidad retadora del narcotráfico y de la manipulación y compra de los sistemas institucionales de procuración e impartición de justicia, a tal grado que hoy el aparato gubernamental pretende condenar a jueces, ministerios públicos y policías con propósitos escenográficos y temporales, concebidos para acallar críticas y enfilar luego el expediente al cementerio del olvido. Los presuntos asesinos de Susana, en cambio, son tres menores de edad, adolescentes homicidas que constituyen una muestra del saldo terrible que dejan las décadas de injusticia social que ahora estallan por las vías de los crímenes aparentemente incomprensibles, las consecuencias monstruosas de un sistema político y económico que ha empujado a parte de su población a la comisión de crímenes como revancha, negocio, u ocurrencia circunstancial.

En el fondo, se está frente a expresiones de la gran descomposición nacional pero, particularmente, del proceso de control social mediante el miedo. Armine Arjona, amiga de Susana, dijo, según reporta en http://bit.ly/g3AisT El Diario de Ciudad Juárez: Ha habido una especie de persecución en contra de quien levante la voz, por eso en las últimas marchas las mujeres han llevado el rostro cubierto, porque hay un temor real, hay una persecución a lo mejor sutilmente disfrazada, pero sí está habiendo una persecución contra el activismo social y una prueba es el crimen de Marisela tan reciente y el asesinato de Susana.

En otro extremo del país, el sacerdote católico Alejandro Solalinde, quien ha levantado la voz y ha actuado en defensa de los migrantes centroamericanos rumbo al norte, y que por ello está en la mira de los delincuentes que se mueven de acuerdo con funcionarios regionales, ha demandado que Genaro García Luna, el secretario federal de Seguridad Pública, defina de qué lado está, si con Los Zetas o con los migrantes, pues según el religioso esa instancia nacional no ha hecho nada mientras se multiplican los secuestros de esos viajeros sin documentación legal.

Sin riesgo, en cambio, ha quedado Enrique Peña Nieto, luego que los representantes de estados bajo gobierno priísta, más los de Guerrero y Michoacán (según información de Notimex) impidieron ayer que el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres formara una comisión investigadora respecto a las agresiones y asesinatos contra mujeres en el estado de México, que estiman han llegado a 900 en los cinco años recientes.

Pero, hoy, protestar y disentir ya es también causa de muerte violenta cuyos autores se confunden en el miasma calderónico en que conviven los delincuentes formalmente así identificados, los miembros de cárteles, los sicarios, y los agentes gubernamentales armados que actúan sin fundamento legal y a partir de llamadas anónimas, presuntas o reales, más los segmentos sociales putrefactos frente a los cuales no hay proyecto de rehabilitación ni salvación posible conforme a los lineamientos actuales de ejercicio del poder público. Y, mientras mueren 11 personas en el penal de Gómez Balazos, Durango, ¡hasta mañana, insistiendo en que no más sangre, ya basta de sangre!

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