En México prevalece un clima de hostigamiento contra las y los defensores de derechos humanos, debido a la impunidad de la que gozan sus atacantes y a la falta de una verdadera política de protección a cargo de las autoridades del país.

Así lo advirtió el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el informe de actualización de la misión internacional de investigación sobre la situación de estas personas en México, dado a conocer ayer.

En el contexto general del país, el documento señala que las organizaciones responsables han manifestado insistentemente su preocupación por la seguridad de los defensores, tomando en cuenta que la posición del Estado mexicano frente a ellos no siempre se sujeta a los principios y normas.

El informe, elaborado con base en entrevistas colectivas a activistas de diversas organizaciones sobre lo ocurrido en México entre junio de 2008 y septiembre de 2009, señala que en ese periodo los defensores han sido objeto de una represión particularmente violenta, con el asesinato de al menos siete de ellos.

Además de esa situación, las autoridades del país desconocen su responsabilidad para investigar los crímenes de Estado en la llamado guerra sucia; no enfrentan eficazmente a las bandas que trafican con migrantes, y atentan contra los derechos de los indígenas a disponer de sus recursos y territorios.

Uno de los aspectos que el documento subraya es el recrudecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco del combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, con un total de 82 casos reportados de abusos contra civiles –incluidos asesinatos, tortura y desaparición forzada– a manos de soldados y otros agentes federales, entre el primero de enero y el 31 de julio de 2009.

De igual forma, alerta sobre la criminalización de los activistas de derechos humanos, a quienes el gobierno suele acusar de defender delincuentes o de trabajar directamente para el crimen organizado.

Entre los casos que ya había analizado antes y a los que les dio seguimiento en 2009, se encuentra el de los dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa, a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares –muchas de ellas sin cumplir–, debido a las constantes amenazas en su contra.

Finalmente, el informe presenta una serie de recomendaciones para que el gobierno mexicano instrumente una verdadera política de Estado en la materia, entre ellas definir un mecanismo de protección a los de defensores de derechos humanos; reconocer públicamente la labor de éstos, e investigar y sancionar los delitos en su contra.

Paulina Vega, integrante de la FIDH, destacó en entrevista telefónica que el incremento de la violencia contra defensores y periodistas está directamente relacionado con la impunidad de los atacantes, una situación que no ha resuelto la alternancia de partidos en el gobierno.