Zacatecas, Zac., 12 de enero. La Contraloría del estado informó que ya notificó a la ex gobernadora Amalia García Medina –en su domicilio de la capital del estado– cuáles son los tres casos de presunto daño al erario de los cuales se le responsabiliza directamente.

Guillermo Huízar Carranza, contralor del estado, explicó a un noticiario de radio que la primera notificación tiene que ver con el manejo irregular de un préstamo por 300 millones de pesos contratado con Banamex.

Fue la propia Amalia García, acompañada por Javier Calzada Vázquez, entonces secretario de finanzas, quien gestionó dicho préstamo con Banamex sin autorización de la Legislatura, justo un mes antes de la elección del 4 de julio de 2010, cuando se eligieron gobernador, 30 diputados locales y 58 presidentes municipales.

En el contrato, la entonces gobernadora se comprometió con Banamex a pagar esos 300 millones de pesos a más tardar el 25 de agosto, es decir, un mes después de la elección que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdió frente al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, García Medina dejó la gubernatura el 12 de septiembre, no pagó el préstamo en el plazo contratado y a la fecha se ignora qué destino dio a esos recursos. Por ello, las irregularidades que se le imputan son el manejo turbio del empréstito y la falta de pago, dijo el contralor.

La segunda notificación que se entregó a Amalia García Medina es por otorgar, por conducto de la Secretaría de Finanzas, préstamos personales por 368 millones de pesos a decenas de empresarios, políticos y periodistas locales sin tener atribuciones legales ni existir una partida presupuestal para ello, con la agravante de que la mayoría de esos empréstitos se entregaron sin exigir garantías a los beneficiarios ni cobrarles.

Ni la contraloría ni el gobierno de Zacatecas tienen interés en observar (fiscalizar) a los particulares que recibieron préstamos. Ése no es mi trabajo. Mi trabajo es observar al funcionario que los otorgó, dado que no había atribuciones legales ni una partida presupuestal para ello, aclaró.

La tercera notificación a la perredista tiene que ver con el sobregiro en el gasto mediante la firma de oficios de ampliación presupuestal sin soporte financiero a dependencias estatales por un monto que, se calcula, podría rebasar 2 mil 400 millones de pesos, lo que generó un enorme conflicto económico al nuevo gobierno.

Hasta la fecha siguen llegando facturas de proveedores de bienes y servicios que supuestamente se entregaron en la administración pasada, a quienes Amalia García no pagó, explicó.

Ella tiene derecho absoluto a defenderse. Los tribunales dirán la última palabra, concluyó.