En el contexto de los Diálogos por la Seguridad, el representante de México Unido contra la Democracia, Eduardo Gallo, cuestionó la estrategia gubernamental contra el crimen organizado y la ausencia de acciones para reducir la violencia. La sociedad no puede pagar un costo tan alto de 32 mil muertos por una estrategia que carece de objetivos, metas y parámetros de evaluación para medir los resultados, señaló.

Ante el presidente Felipe Calderón, Gallo subrayó que si bien el crimen organizado actúa con violencia, es responsabilidad del gobierno prevenirla y reducirla, mediante acciones que sean más eficaces para el combate a las organizaciones delictivas, atenuando sus efectos violentos. Subrayó que a cuatro años de gobierno, esos grupos han expandido sus acciones y ahora participan en extorsión, secuestro, trata de blancas y de menores, así como saqueo a Petróleos Mexicanos.

Al mismo tiempo, señaló, se ha expandido su impacto territorial a numerosas entidades, lo que reabre el debate acerca del Estado fallido en México, pues frente a las críticas a la estrategia y los señalamientos por la realidad violenta que prevalece, se responde con argumentos demagógicos respecto de que la violencia se ha desatado porque los delincuentes están desesperados por las acciones en su contra.

Por su parte, el representante de México Unido contra la Delincuencia anunció que ante esta situación, ese organismo estudia la posibilidad de acudir a instancias internacionales, porque no se puede permanecer pasivo ante esta realidad. Explicó que se requeriría que a escala internacional evalúen las condiciones de seguridad y violencia en el país, así como las acciones de los tres niveles de gobierno.

En su intervención, Isabel Miranda de Wallace, Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, señaló que aún no han quedado debidamente conformadas las unidades estatales de combate al secuestro, no tienen personal capacitado y certificado, y tampoco cuentan con equipo.

La presidenta de Alto al Secuestro llamó a los gobernadores a que asuman su responsabilidad y a no quedarse en el discurso, porque, agregó, “no existe capacidad de gestión para investigar los casos denunciados. Mientras las procuradurías se quejan de que no tienen recursos para dar avance a las averiguaciones previas, hay un subejercicio presupuestal.

“Independientemente de las fallas que tienen las estrategias gubernamentales, las autoridades y las organizaciones civiles deben trabajar de manera conjunta contra la delincuencia (…) tenemos que ser claros en que la sociedad civil y el gobierno debemos trabajar en el mismo sentido para no perder el camino y dedicarse a echar las culpas (…) Se requiere la participación de todos los mexicanos. No podemos dejarle a ninguno de los tres órdenes de gobierno la responsabilidad de los cambios”, señaló Miranda de Wallace.

Por su parte, Alejandro Martí, presidente de México SOS, instó a jalar parejo. Ya estuvo bueno que el Congreso sea una arena política electoral y no un recinto para hacer lo que México y los ciudadanos necesitamos. Sostuvo que es necesario aprobar las reformas en materia de justicia penal y lavado de dinero, así como reformar el sistema penitenciario, porque es un fracaso por la falta de espacio.