Durango, Dgo., 12 de enero. La comunidad indígena de Tierras Coloradas, municipio de El Mezquital, ubicada 190 kilómetros al sur de esta capital, fue arrasada por aproximadamente 60 hombres armados, que quemaron las 40 viviendas, 27 vehículos y una escuela, reportó el fiscal general del estado, Ramiro Ortiz Aguirre.

Explicó que la agresión se dio en represalia porque el pasado 28 de diciembre, los más de 200 pobladores tepehuanos de esa comunidad expulsaron a un grupo de pistoleros que asesinó a balazos a dos integrantes de una familia del lugar y dejaron mal herido a otro.

Desde la primera semana de enero, en la capital de Durango circularon versiones sobre lo ocurrido en ese poblado de la Sierra Madre Occidental –a la cual sólo se puede acceder en camioneta por caminos de terracería–, luego de que un noticiario de la televisión local recibió una llamada anónima que alertó sobre lo sucedido.

En esos días, Ortiz Aguirre negó la especie: dijo que no había pasado nada y que no tenía reporte alguno.

A su vez, las autoridades municipales de El Mezquital se limitaron a señalar que tenían conocimiento de que pistoleros habían baleado a una familia de Tierras Coloradas, con saldo de dos fallecidos y un lesionado.

Sin embargo, la mañana de este miércoles el fiscal general de Durango reconoció que la comunidad de Tierras Coloradas –cuyos habitantes se dedican principalmente a actividades forestales y la ganadería– fue arrasada por un comando de 60 hombres armados.

Explicó que el homicidio de dos miembros de una familia tepehuana, ocurrido el 28 de diciembre pasado, molestó a los lugareños, quienes se armaron de valor y echaron del pueblo a los pistoleros. Sin embargo, dos días después, los tepehuanos huyeron de su comunidad cuando se enteraron que los criminales regresaban para vengarse.

Los indígenas se escondieron en la serranía o con familiares de poblados cercanos, como Agua Prieta. Ortiz Aguirre narró que cuando los criminales llegaron al pueblo no encontraron a nadie, por lo que destrozaron e incendiaron 40 casas, 27 vehículos y una escuela; sólo otro plantel escolar y una clínica de salud no fueron atacadas.

Ramiro Ortiz comentó que se enteró de la situación el 6 de enero, mismo día en que se dio a conocer la llamada anónima en un noticiario televisivo, pero que no ofreció información alguna porque esperaba la confirmación de los agentes del Ministerio Público que fueron enviados a dar fe de lo sucedido.

Se hacen 12 horas en camioneta para llegar hasta allá, y las radios de comunicación no alcanzan la señal, justificó.

El gobernador priísta Jorge Herrera Caldera confirmó que fueron 40 las viviendas quemadas y agregó que solicitó que militares y policías federales y estatales refuercen la vigilancia en la zona. Al mismo tiempo, agregó, se enviaron brigadas de salud, educación y vivienda para atender a los lugareños y llevar apoyos para iniciar la reconstrucción de las casas destruidas.

Jorge Herrera Delgado, secretario de Educación estatal, informó que el plantel incendiado fue un Colegio de Educación Científica y Tecnológica construido con madera. Destrozaron y quemaron todo: aulas, equipo y material, explicó.

En la vecina Zacatecas, la diputada local Geovana Bañuelos, del Partido del Trabajo, exigió a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado que se pongan a trabajar y presten atención al grave problema de inseguridad que se vive en el sureste de la entidad, limítrofe con Jalisco, donde grupos de la delincuencia organizada (presuntos zetas) montan falsos retenes en carreteras y caminos rurales, donde realizan asaltos múltiples y secuestros.

Con información de Alfredo Valadez