Con severos cuestionamientos de legisladores sobre los excesivos gastos de los consejeros independientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), los constantes robos y accidentes, el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, reconoció que las tomas clandestinas de hidrocarburos se incrementaron 74.6 por ciento al pasar de 462 a 712 entre 2009 y 2010, de las cuales 43, equivalente al 6 por ciento del total, registran riesgo de fuga.

Sin embargo, aseguró que la mayor vigilancia sobre la red de ductos permitió reducir el volumen de hidrocarburos robado. En 2009 se estimaba en 3 millones los barriles robados y se disminuyó a un millón 700 mil barriles en 2010.

Suárez Coppel precisó que 69 por ciento de las tomas clandestinas detectadas se concentró en seis entidades: Veracruz, Sinaloa, estado de México, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla.

Al comparecer ante la tercera comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores le demandaron al director general de Pemex definir acciones inmediatas de mantenimiento y vigilancia en los ductos y desarrollar planes de prevención de impacto ecológico.

El funcionario informó que 4 por ciento de los 60 mil kilómetros que integran la red nacional de ductos se encuentra en desuso, por lo que ya comenzaron a retirarlos ante la percepción de riesgos entre la población.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Zamora, solicitó al titular de Pemex informar sobre el total del robo de hidrocarburos ocurrido el año pasado, a fin de construir una referencia y establecer medidas más severas que permitan acabar con las tomas clandestinas.

El director de Pemex detalló que el robo de combustibles representa sólo 0.4 por ciento del total de la producción de Pemex y 0.8 por ciento del total de las ventas de la petrolera.

Al hacer uso de la palabra el senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, aseguró que la explosión en San Martín Texmelucan, Puebla, se debe, más que al abandono y descuido de los ductos e instalaciones, al alto costo que se genera alrededor de la paraestatal, pues la empresa está sometida a saqueos, robos y una insana cúpula sindical de enorme corrupción que han minado a Pemex junto con políticas oficiales equivocadas y erráticas”.

Monreal Ávila opinó que Pemex está presionada por la voracidad de los intereses privados para que se pueda privatizar y quedarse con la empresa más importante del país. Dijo que los consejeros profesionales de Pemex le cuestan 56 millones de pesos al país, por lo que deberíamos suprimir esta elite privilegiada. Los miembros del consejo de Pemex, agregó, van a los mejores restaurantes, no conocen de vino tinto por supuesto, pero piden las botellas más caras... es una burocracia inservible.

Durante su comparecencia, que fue programada para comenzar a las 9 de la mañana, pero que empezó hasta las 10:30, el director general de Pemex aceptó que el Atlas de Riesgo, que es una guía que marca las zonas con mayor peligro y con la que se pueden evitar incidentes, falló y debe mejorarse.

Mencionó que es muy difícil lograr un plan de contingencias que reduzca a cero los accidentes en estas instalaciones de alto riesgo. Pese a los esfuerzos que realiza la paraestatal para evitar tragedias, consideró imposible reducir los riesgos a cero aunque afirmó que está planteado como meta.

En el encuentro, que duró casi tres horas, Juan José Suárez informó que Pemex pagó indemnizaciones a los deudos de 22 de las 30 personas muertas en la explosión de San Martín Texmelucan, así como a los propietarios de 32 de los 48 inmuebles considerados como pérdida total, y también a los propietarios de 66 de las 92 casas con afectaciones parciales. También detalló que de los 72 vehículos dañados en la conflagración ya se han pagado 51, después de llegar a un convenio de conformidad con los dueños de los automóviles.

Durante el encuentro con los legisladores realizado en el Salón de Protocolo en el edificio C de San Lázaro, Suárez Coppel rechazó que el incendio en San Martín Texmelucan haya sido provocado por falta de mantenimiento de ductos, argumento que fue respaldado por el perito del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Jorge Luis Vázquez. El peritaje, dijo, indica que no hubo explosión, como se ha mencionado, sino que el crudo recorrió calles, alcantarillas y desembocó en el río con una velocidad de entre 60 y 120 barriles por minuto, y en algún momento se encontró con una flama que empezó el incendio.

Juan José Suárez exigió a los legisladores realizar ajustes para convertir en delito grave el robo de hidrocarburos, tema que ya fue aprobado en el Senado y está pendiente en la Cámara de Diputados.

El diputado priísta Cruz López pidió indemnizaciones justas para los campesinos afectados por trabajos de Pemex. Aseveró que el aumento de tomas clandestinas de combustible puede agravarse, por lo que esta situación es un motivo más para que la paraestatal y la sociedad rural trabajen conjuntamente, a fin de prevenir y atender mejor los accidentes ocasionados por explosiones y derrames.

El titular de Pemex señaló que el Servicio de Administración Tributaria aplicó auditorías a 41 estaciones de servicio y ejerció acción penal en dos casos por la venta de combustibles robados. También se investiga a 75 trabajadores de Pemex, de los cuales 44 ya fueron separados de sus cargos.

Ante los titubeos y preguntas sin responder por parte del funcionario se estableció un punto de acuerdo, por el que se exhorta al director de Pemex a presentar un informe sobre las condiciones técnicas y operativas de los ductos que transportan hidrocarburos por toda la República, los Atlas de Riesgo para cada una de las entidades, así como los planes de prevención en materia de protección civil y su impacto en la ecología.