Un tribunal federal con sede en Toluca, estado de México, donde se resolverá si se confirma o revoca la suspensión en vía de amparo otorgada hace dos meses a Iusacell por un juez de distrito –en la que se impidió a Nextel iniciar la explotación de los títulos de concesión para uso del espectro radioeléctrico que obtuvo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tras la polémica licitación 21– determinó guardar los títulos de concesión en una caja fuerte.

Fuentes judiciales informaron que la empresa Nextel pidió al primer tribunal colegiado en materia administrativa tratar los títulos de concesión como si fueran información confidencial, a fin de que sólo un funcionario judicial, perfectamente identificado, pueda tener acceso a ellos.

Como parte de ese litigio, el mismo tribunal aplazó el mes pasado, por tiempo indefinido, la resolución en torno a si Nextel puede usar la concesión de la polémica licitación 21 para telefonía de última generación, debido a que Iusacell acusó a dos de los tres integrantes del colegiado de tener una amistad con su competidora.

El pasado 30 de diciembre, ese tribunal tenía previsto sesionar sobre el caso del juicio de Iusacell contra Nextel, pero el equipo de abogados de la segunda compañía –quienes litigan en un juicio de amparo promovido por Iusacell– presentó un escrito requiriendo el impedimento de dos magistrados, entre ellos el de la autora del proyecto de sentencia que se iba a discutir.

En respuesta a la petición de los abogados, el tribunal emitió el siguiente acuerdo: el representante de Telecomunicaciones del Golfo (filial de Iusacell) considera que los magistrados Julia María del Carmen García González y el suscrito Antonio Campuzano Rodríguez nos encontramos impedidos para resolver el presente asunto por presuponer que tenemos sentimientos de animadversión hacia su representada y de amistad con las recurrentes con su contraparte (Nextel y la SCT), razón por la que se determina turnar el expediente a otro tribunal colegiado de circuito, en espera de que asuma competencia.

En lo que se define cuál será el nuevo tribunal que resolverá el litigio, los títulos de concesión aportados como prueba al proceso permanecerán resguardados en la caja fuerte del primer tribunal colegiado administrativo de Toluca.

El paquete incluye las actas de los fallos de las licitaciones 20 y 21, cuatro títulos de concesión, las actas constitutivas del consorcio NII Digital –donde también participaba Televisa– y los recibos de pago de las contraprestaciones al gobierno.

En todos los casos se argumenta que se trata de constancias confidenciales y un secreto industrial, por lo que nadie puede tener acceso a ellas, a diferencia de lo que comúnmente ocurre con las pruebas aportadas en otros litigios, en los que tanto abogados de las partes litigiosas como funcionarios judiciales pueden consultar de manera permanente.

La suspensión definitiva en vía de amparo (que está en litigio) fue otorgada a Iusacell por el juez segundo de distrito en materias de amparo y de juicios civiles, Octavio Bolaños, quien consideró que la concesión de 30 megahercios obtenida por Nextel no puede ser explotada hasta que se resuelva sobre la legalidad de la licitación, pues de lo contrario se afectaría el interés de la colectividad.

El juez exigió a Iusacell una garantía de 270 millones de pesos por los posibles perjuicios que la suspensión causaría a Nextel.