Organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que ante a la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para emitir una declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de México, interpondrán un amparo, pues la resolución se determinó de manera infundada y anteponiendo intereses políticos por encima de la vida y la seguridad femeninas.

Además, junto con académicas de la UNAM y el Instituto Nacional de las Mujeres, lanzaron una severa crítica al procurador del estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, quien el pasado miércoles redujo de 944 a 468 la cifra de feminicidios; de la misma manera, criticaron el argumento de que la petición de la alerta tiene un sentido político electoral.

Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, calificó de discriminatoria la afirmación del procurador respecto de que muchas de las mujeres asesinadas ni siquiera eran originarias de la entidad. No quieren ser gobernadoras. Sólo desean vivir en paz. La discusión no está en los números, aseguró, y agregó que si ya le bajó (a la cifra), eso no implica que no se requiera atender urgentemente la situación.

Por separado, en conferencia de prensa, la diputada Teresa Incháustegui; María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Ana Yeli Pérez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y Verónica Abreu, de Visión Mundial, lamentaron las declaraciones y argumentos de Castillo Cervantes.

Estrada Mendoza denunció que el sistema de prevención minimizó los feminicidios en el estado de México, los cuales según el Observatorio Ciudadano y la CMDPDH ascienden a 922 entre 2005 y 2010. Rechazó que con la petición de declaratoria de alerta se quiera perjudicar al gobernador mexiquense. “Dicen que todo esto es porque se quiere atacar a Peña Nieto, pero no tiene nada que ver. Lo hacemos porque el estado de México está marcando un foco rojo en feminicidios en el país”. Según las ONG, Chihuahua y esa entidad están en los primeros lugares del país donde ocurren estos crímenes.

Para Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de delitos contra las mujeres de la Procuraduría General de la República e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la depuración de las cifras sobre feminicidio en el estado de México refleja el desinterés de la administración de Peña Nieto por resolver el problema de la violencia de género.

“No le debería importar si mataron a una mujer en una relación de pareja; si la levantaron, abusaron de ella, la mataron y tiraron a la calle, o si fue en un asalto. Un procurador debe investigar todos los casos y tener responsables ante tribunales o en la cárcel”, dijo.

Por su parte, Lourdes Enríquez, de la Coordinación de Derechos Sexuales y Reproducctivos del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, lamentó que en el estado de México exista apatía en el tema de justicia y equidad de género, al grado de que es la única entidad donde no hay un instituto de la mujer.

Ambas especialistas lamentaron que esa entidad y el Estado mexicano incumplan los lineamientos y normas nacionales e internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sentenció a México en los casos del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, y de dos indígenas abusadas sexualmente por militares en Guerrero.