uego de casi un mes de intensas protestas, que dejaron un saldo de por lo menos 60 muertos, el primer ministro de Túnez, Mohammed Ganouchi, anunció ayer que había asumido de forma interina la presidencia del país, en sustitución de Zine Abdine Ben Ali, quien encabezaba un régimen autocrático y represor en la nación magrebí desde 1987.
El episodio comentado adquiere, por diversas razones, el carácter de inédito: lo es, ciertamente, porque se trata de la primera vez que una revuelta civil, predominantemente laica y de reivindicaciones democráticas, logra derrocar a un gobierno en el mundo árabe, pero, sobre todo, porque se produce en el que era considerado un remanso de paz y estabilidad en el Magreb. En efecto, el gobierno encabezado por Ben Ali –apenas el segundo presidente desde la independencia tunecina, en 1956– había logrado mantener a ese país al margen de pugnas poscoloniales como las que se desarrollan en el Sáhara Occidental –ilegalmente ocupado por Marruecos desde hace más de 35 años–; de expresiones de integrismo islámico como las que asuelan a la vecina Argelia, y de agudas confrontaciones con los gobiernos occidentales como las que afectaron al gobierno libio encabezado por Muamar Kadafi.
Sin embargo, en la revuelta desarrollada en la nación más pequeña del Magreb puede percibirse una conjunción entre el hartazgo social hacia el autoritarismo de la clase gobernante –reflejado en abuso del poder, el uso excesivo de la fuerza, la represión institucionalizada y, en general, la vulneración sistemática de sus garantías individuales– y la frustración provocada por los estragos de la globalización económica: al respecto, es significativo que el detonante de las sangrientas protestas en Túnez haya sido el descontento por la carestía y el desempleo que afectan a esa nación, en donde el 20 por ciento de la población más rica recibe 47 por ciento de los ingresos.
Desde una perspectiva más general, lo sucedido ayer en Túnez puede entenderse como un síntoma del desmoronamiento de regímenes poscoloniales del norte de África, que aparentemente habían encontrado un acomodo en el orden mundial contemporáneo, y que hoy sufren convulsiones de diversa gravedad. Ante esta circunstancia, es inevitable preguntarse si la revuelta ocurrida en Túnez es un hecho aislado, o si episodios similares habrán de verse en meses y años próximos en otras naciones, como Egipto, aliado de Washington y gobernado por un régimen dictatorial tanto o más impresentable que el de Ben Ali, o en el propio Marruecos, donde crece la explosividad por la circunstancia de discriminación y miseria en que tiene sumidos el régimen de Rabat a sus conciudadanos y a los saharauis, como quedó de manifiesto con las sangrientas protestas de noviembre pasado en El Aaiún.
En suma, y sin dejar de ponderar positivamente la caída del régimen antidemocrático que encabezaba Ben Ali, el episodio debiera servir como una lección para que las naciones occidentales sometan a revisión su política de respaldo a algunas de las peores tiranías del mundo –condicionada a que se mantengan alineadas a sus designios geoestratégicos–, y contribuyan, de esa manera, a que las naciones del norte de África vivan procesos de transición pacíficos y ordenados.
