El estrépito del helicóptero sobre las casas los asustó. El viento generado por las hélices sacudía con fuerza los árboles. Los vidrios de las ventanas trepidaban. De pronto, la calle Uranio de la colonia San Pedro 400 (municipio San Pedro Garza García), la más pobre de la zona, se llenó de camionetas con uniformados, metralleta en mano, gritando e insultando a los vecinos; pateando las puertas, entrando a las viviendas sin mostrar orden de cateo, golpeando a jóvenes y amas de casa. Parecía la guerra. Se trataba de uno de los tantos operativos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en Nuevo León, cuyos métodos de acción violan la Constitución, las garantías individuales y los derechos humanos.

Eran las 11 de la mañana del domingo 17 de octubre de 2010 y Lucila Escamilla López, de 70 años, almorzaba mientras su nieto Daniel Rodríguez Morales, de 29, se lavaba las manos junto a la ventana y sorpresivamente vio aparecer el cañón de un arma larga: ¡Abre!, le ordenó un marino. “Entraron como animales. Con puras maldiciones. Cuatro me encañonaron con metralletas, y a mi nieto otros cuatro o cinco se lo llevaron a una esquina para golpearlo. ‘¿Qué quieren?’, les dije, ‘déjenlo, está enfermo’. Y uno me contestó: ‘¡Cállese, vieja pendeja, y no se mueva!’ Le rajaron la cabeza con la mugre arma. Se lo llevaron sangrando y lo subieron a una camioneta desmayado.”

Durante el sexenio de Felipe Calderón la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 174 quejas contra la Semar por violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinato, tortura, amenazas, detenciones ilegales y allanamientos a propiedad privada. El año pasado en Nuevo León se presentaron 13 denuncias.

También la Marina

La Semar tiene presencia en la República con más de 15 mil infantes que operan en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Morelos y el Distrito Federal. En 2007 recibió 31 quejas; en 2008, 45; al año siguiente, 42 y el año pasado, hasta el 15 de julio, 56. Veintiún denuncias son por detención arbitraria, 17 por trato cruel, 16 por retención ilegal, dos por asesinato y una por tortura. Del total, la CNDH ha girado sólo seis recomendaciones y ninguna ha sido debidamente atendida por la institución, ya que los militares no están sometidos a la ley civil.

Se configura un Estado de excepción con esta guerra del narcotráfico, dice en entrevista Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Marina y la Secretaría de la Defensa, aunque estén separadas, son igualmente corporaciones militares y no son las apropiadas para participar en tareas de seguridad pública, porque no están debidamente preparadas y han aumentado las violaciones a derechos humanos.

En el operativo de la Marina en San Pedro 400 se violaron derechos humanos: privación ilegal de la libertad, tortura, allanamiento de propiedad privada y trato cruel contra un minusválido.

Hace unos años, Daniel cayó de un árbol y quedó paralítico. Con mucho esfuerzo, una operación y trabajo de rehabilitación logró recientemente dejar la silla de ruedas para empezar a caminar con muletas: “No lo dejaron que agarrara las muletas, ni el bastón. A mí no me dejaban que me parara. Me lo sacaron inconsciente. Cuando salí aquello parecía la guerra. Lo tuvieron tres días en el cuartel. Desaparecido. Mi hija [madre de Daniel], día y noche, afuera de la Marina y no le daban razón. Hasta que apareció su nombre en la tele. Ya lo tenía la Policía Federal, pero no pasaron su imagen. Luego entendimos por qué. Lo estaban torturando. Cuando lo vio su mamá estaba bien golpeado. Le quebraron la nariz. Le dañaron la columna. Lo tuvieron colgado de las manos para tablearlo. Pobrecito, mi hijo, lo dejaron bien fregado”, narra Lucila sin poder contener las lágrimas.

Luis Arriaga recuerda que el artículo 16 de la Constitución mexicana señala que nadie puede ser molestado en su domicilio sin orden judicial: Es una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes. Es un delito que se llama allanamiento de morada. La Marina no debe delimitar los derechos de las personas. Está obligada a proteger a los ciudadanos y por ninguna razón debe torturar ni hacer irrupciones de esa manera. Puede detener en flagrancia, pero no así.

Detenido en Santa Catarina

El nombre de Daniel apareció luego en un comunicado oficial de la Marina. Los reportes periodísticos lo identificaban como parte del crimen organizado y de un grupo de 10 zetas detenidos en Santa Catarina tras un enfrentamiento entre sicarios y marinos, con saldo de tres delincuentes y un miembro de la Armada muertos y una mujer herida que pasaba por el lugar.

Daniel fue trasladado al penal de Apodaca y a medida que pasaron las semanas su familia no salía del asombro: “Ahora dicen que lo detuvieron en Santa Catarina, que le encontraron tres armas largas, tres camionetas robadas y bastante droga. ¿De dónde? Si lo sacaron de aquí y ni buscaron, ni preguntaron por su nombre, ni tenían orden de aprehensión, ni le han demostrado nada. Ellos me arrancaron mi teléfono y se lo llevaron. Me dejaron incomunicada. ¿Por qué actúan de esa forma? No creo que anden tan buenos esos fulanos. Si andan buscando droga ya la traen dentro, no andan buenos y sanos, una persona normal no hace lo que ellos hicieron. A mi vecina Blanca por poco la ahorcan. Y a Angelina, que andaba barriendo la calle, le gritaron: ‘¡Órale, vieja pendeja, a chingar a su madre. Pa’dentro!’ ¿Qué es eso? Dicen en la tele que los de la Marina son los mejores; para mí, son los peores”.

María del Carmen García González, una de las victimas del operativo de la Marina en la calle de UranioFoto Sanjuana Martínez

Desaparecidos

Las denuncias contra la Marina no son sólo por privación ilegal de la libertad o tortura, también por desaparición. En Coahuila se registraron 120 denuncias el año pasado: “El Estado, al ponderar a la Marina como institución ‘salvadora’, muestra la crisis de las instituciones militares. La presentan como la institución limpia, pero es una aceptación de facto del gobierno mexicano de la limitada, débil y poco confiable actuación de las fuerzas armadas”, dice en entrevista Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

El operativo en la calle Uranio duró más de una hora. Según testimonios de los vecinos eran 10 o 12 camionetas, el helicóptero y unos 90 marinos fuertemente armados. Sin orden de cateo entraron en las casas ubicadas en la cuadra que cruza con la calle Plomo: “A mí me agarraron del cuello y me llevaron afuera. Me tuvieron pegada a la barda junto a mi hijo de 17 años. Me gritaban: ‘Es tu esposo el que vive al lado’ y yo les decía que no, que soy madre soltera. Me dejaron el cuello enrojecido. Me estuvo doliendo unos días. Fue horrible. Yo sí estoy dispuesta a declarar en favor de Daniel. Se lo encomiendo a la Virgen de Guadalupe. Ahora dicen que lo detuvieron en Santa Catarina y que le encontraron armas y droga. No es cierto”, comenta María del Carmen García González, de 38 años.

El comunicado de la Marina dice: “En esta operación también fueron aseguradas tres armas largas, dos armas cortas, 111 cartuchos de diferentes calibres, 220 dosis de presunta cocaína y 440 de aparente crack, 80 gramos de [posible] mariguana, un vehículo y equipo de comunicación”.

Virginia Montes, vecina del lugar: “No es verdad, al pobre muchacho lo conozco desde que nació. Si apenas empezó a caminar con muletas y bastón, estuvo mucho tiempo en silla de ruedas sin poder trabajar ni moverse. Lo golpearon mucho y dicen que le quemaron las piernas. Aquí entraron como unos ocho marinos.

Subieron al segundo piso. Me anduvieron moviendo cosas. Sentí mucho miedo. Hasta escalofríos me dieron. Me senté en un rincón de la cocina con otra vecina a esperar que se fueran. Luego vimos cómo se llevaban cargado a Daniel.

Los marinos intentaban incriminar a más gente. A Gregoria Lora le decían que la camioneta estacionada afuera de su casa, perteneciente a uno de sus hijos, era robada y usada para secuestros: Les dije que no tenía las llaves, que mi hijo andaba trabajando. Y le quebraron un vidrio. Me dio mucho miedo porque entraron a mi casa, hasta esculcaron los juguetes de mis nietos; menos mal que ninguno de mis cuatro hijos estaba, porque también se los hubieran llevado como al de mi comadre.

Lucila Escamilla tiene seis hijos, 16 nietos y tres bisnietos. Colocó un altar para rezar por los más necesitados. Y guarda las muletas de Daniel. Cuando los marinos se llevaron a su nieto también cargaron a su hijo Francisco, de 28 años: Se lo llevaron y lo pusieron frente a un fulano para ver si lo reconocía y decía que había robado una camioneta; como el señor dijo que no, pues lo soltaron.

Tiro en la cabeza

Las vecinas vieron cómo se llevaban a otros jóvenes. Desaparecieron varios. A los tres días un muchacho, cuyo padre es dueño de un taller mecánico, apareció muerto en un monte cercano con un tiro en la cabeza. Lucila cuenta que se los encontró en la policía, donde también andaban buscando a sus familiares: “Éramos varios, luego les dijeron que apareció muerto. Yo fui a declarar y dije las cosas como son. No le puedo ni aumentar ni quitar. Yo soy gente decente, al igual que mi familia. El abogado me recomendó que no dijera nada malo de la Marina, pero tengo mucha indignación por lo que hicieron. ¿Por qué me voy a callar? Mi muchacho no andaba mal. No le han podido comprobar nada. Yo los crié a todos y siempre los llevé por el buen camino. Nomás cumplían los 15 años y se ponían a trabajar, pero como Dani no podía caminar, su mamá lo ayuda. ¿Cómo un muchacho que apenas puede caminar iba a andar en Santa Catarina vendiendo droga?”

Daniel Rodríguez Morales tiene dos hijos, de tres y cinco años. Su madre, Blanca Eva Morales, trabaja de policía y sola ha sacado adelante a sus cuatro hijos. El quinto se suicidó hace seis meses arrojándose del Puente Atirantado. Dos días a la semana le lleva las inyecciones necesarias para mitigar el dolor. La abuela Lucila no deja de lamentar que un inocente sea incriminado falsamente por la Marina: Llevamos muy mala racha. Es muy triste. Nunca podrán comprobarle nada porque todo es una mentira.