La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que la Secretaría de Marina se negó a aceptar las recomendaciones 72/2010 y 83/2010, emitidas en diciembre de 2010 y relacionadas con hechos acaecidos en Morelos.

Se trata, precisó el organismo, de dos asuntos en los que personal de esa dependencia incurrió en uso arbitrario de la fuerza pública al disparar sus armas de fuego en contra de vehículos civiles, cuyos conductores perdieron la vida a causa de las lesiones provocadas por los proyectiles que los impactaron.

Con estos rechazos, suman tres las recomendaciones que la Secretaría de Marina se ha negado a aceptar y representan 50 por ciento del total de las que se le giraron el año pasado.

La primera que rechazó la Armada fue la 17/2010, relativa a la falta de previsión al revelar el nombre de un marino que intervino en un operativo contra una banda criminal y que con motivo de ello sus familiares fueron asesinados.

Además, acusa la CNDH que sólo durante 2010 se registraron 198 quejas en contra de servidores públicos de la Secretaría de Marina, principalmente por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, tortura y privación de la vida.

Destaca que en 2010 dirigió seis recomendaciones a la Secretaría de Marina, dependencia que rechazó tres, aceptó dos y queda pendiente de contestar una.

El rechazo a las recomendaciones, subraya la CNDH, “muestra una actitud de desinterés en la protección de los derechos humanos de las personas ajenas a los operativos que realizan, ya que no obstante que que se acreditó su responsabilidad en los hechos –en los que perdieron la vida dos conductores por los disparos efectuados por personal de Marina– se negaron a asumirla”.

Al dar cuenta de las dos recientes recomendaciones que rechazó la Marina, la CNDH sostiene que en ambos casos los elementos de la Armada incurrieron en uso arbitrario de la fuerza pública y vulneraron en perjuicio de los agraviados los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica.

Detalla la CNDH que, en el primer caso –la recomendación 72/2010–, el vehículo presentó 53 disparos, y en el segundo –la 83/2010– el coche recibió más de 60 impactos, lo que de ninguna manera puede considerarse disuasivo y revela, sin lugar a dudas, un uso arbitrario de la fuerza pública.

En la recomendación 72/ 2010, la CNDH manifiesta que en la investigación realizada se comprobó que la noche del 16 de diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina dispararon sus armas de fuego en la colonia Del Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y varios proyectiles alcanzaron la camioneta en que viajaba una persona, que falleció a causa de las lesiones provocadas.

En lo que respecta a la recomendación 83/2010, este organismo nacional constató que la madrugada del 11 de diciembre de 2009 servidores públicos de la Secretaría de Marina realizaron disparos de arma de fuego en contra del vehículo que conducía una mujer que salía de su domicilio en el fraccionamiento Los Limoneros, en Cuernavaca, Morelos, quien perdió la vida en ese lugar.

En ambos casos, la CNDH indicó que las evidencias recabadas durante la investigación permiten afirmar que al realizar los operativos, los elementos navales no realizaron una adecuada planeación y desprotegieron la integridad física de las víctimas, ya que no obstante que señalaron que sus acciones fueron en legítima defensa, con el ánimo de repeler el ataque de presuntos integrantes de una banda delictiva, en ningún momento adoptaron las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de personas ajenas a los operativos.

En las dos recomendaciones rechazadas, se solicitaba a la Secretaría de Marina se tomaran las medidas necesarias para reparar los daños, indemnizar a los familiares de las víctimas y proporcionarles apoyo médico, sicológico y de rehabilitación, además de colaborar en la presentación y trámite de la queja y denuncia de hechos que este organismo promoverá ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Marina, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia Militar, a fin de que los hechos no queden impunes.