Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, seis mujeres galardonadas con el premio Nobel de la Paz y organizaciones nacionales de defensa de los derechos de las mujeres exigieron ayer al Estado mexicano que “cese la simulación, investigue los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez, e imparta justicia ante la ola de violencia feminicida en el país”.

En conferencia de prensa, Andrea Medina, de la organización Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, leyó el pronunciamiento de condena de las seis premios Nobel de la Paz por el asesinato de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo.

Las firmantes de la Nobel Women´s Initiative son: Betty Williams y Máiread Maguire, de Irlanda, premiadas en 1976 por su contribución a la solución pacífica del conflicto de Irlanda del Norte; Rigoberta Menchú Tum, de Guatemala, premiada en 1992 por su trabajo por la justicia social y el respeto a los derechos de los indígenas; Jody Williams, Estados Unidos, premiada en 1997 por su trabajo para la prohibición del uso de minas antipersonales y su remoción.

Shirin Ebadi, de Irán, premiada en 2003 por su activismo y defensa de los derechos humanos y de la mujer, y Wangai Maathai, de Kenya, premio 2004 por sus contribuciones al desarrollo sustentable, la democracia y la paz.

Las mujeres galardonadas con el Nobel manifiestan en su escrito su consternación por el asesinato de Marisela Escobedo mientras protestaba por la impunidad en que se mantiene el homicidio de su hija Rubí Marisol Freyre Escobedo, quien fue asesinada por su pareja en 2008.

Subrayan que “como dan cuenta numerosos informes nacionales e internacionales, las autoridades actuaron de la misma manera como lo han hecho en los pasados 17 años en que se ha denunciado el feminicidio: no investigaron ni sancionaron el asesinato, aunque su madre proporcionara todas las pruebas y hasta presentara al asesino confeso”.

Las mujeres galardonadas aseveran que “consideramos particularmente preocupante que el asesinato de Escobedo ocurra al cumplirse un año de la condena que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera contra el Estado Mexicano por no prevenir e investigar debidamente la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, tanto de las mujeres desaparecidas, violentadas sexualmente y asesinadas, como de las defensoras de derechos humanos –y sus familiares– que exigen justicia y por ello son hostigadas y agredidas”.

Sostienen las galardonadas con el Nobel que “como lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia, el Estado ha mantenido una política y una cultura de discriminación en contra de las mujeres, causa principal que genera los feminicidios y su impunidad.

Entre 1993 y 2001, años analizados en la sentencia del Campo Algodonero, se tenía el registro de 214 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. El registro periodístico del primero de enero al 15 de diciembre de 2010 es de 297 mujeres asesinadas en la misma ciudad, un incremento alarmante. Casi la totalidad de los casos permanecen en la impunidad.

Las mujeres laureadas argumentan que a pesar de contar con medidas de vanguardia para la reparación del daño y la no repetición de la violencia contra las mujeres, las autoridades mexicanas no han iniciado la implementación efectiva de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Interamericana, como lo revelan estos lamentables hechos.

Se informó en la conferencia, que en Estados Unidos Jody Williams entregaría este lunes un pronunciamiento a la embajada de México en ese país.

Las Nobel de la Paz exhortan al Estado mexicano para que sin tardanza haga justicia en estos lamentables hechos, dé efectivo cumplimiento a la sentencia de la CIDH sobre el Campo Algodonero y evite todo ataque a los familiares de las víctimas y a las defensoras de los derechos humanos.

Lydia Alpizar, de la Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos, dijo que la indignación por la muerte violenta de las activistas rebasó las fronteras del país, por lo que hacemos un enérgico llamado a los tres órdenes de gobierno para que frene la violencia contra las mujeres.

A su vez, María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derechos a decidir, y en nombre de la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, dijo que la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres se unió al reclamo de justicia y dirigieron una misiva al presidente Felipe Calderón, al gobernador de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez exigiéndoles una investigación inmediata sobre los asesinatos de Escobedo y Chávez, la rehaprensión del asesino de Rubí y el cumplimiento de la sentencia de la CIDH.