Los jueces de Chihuahua Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Nezahualcóyotl Zúñiga defendieron ayer, en conferencia de prensa, la sentencia absolutoria que emitieron en favor de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, acusado del asesinato de la joven Rubí Frayre Escobedo, y afirmaron que esa decisión se adoptó por insuficiencia de pruebas; es decir, porque el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes y contundentes.

Sostuvieron que es falso que en el expediente conste la confesión del inculpado: lo que hay son testimonios de oídas, que no tienen ningún valor probatorio.

La juez Catalina Ochoa subrayó: Nuestra sentencia no mató a nadie, ni a Rubí ni a su madre Marisela Escobedo, quien fue asesinada hace un mes. Este hecho, el crimen de Escobedo, ocurrió siete meses después de la decisión de absolución que se adoptó sobre el acusado.

En la sesión de preguntas y respuestas, los jueces fueron cuestionados acerca de si cometieron errores en el juicio y por eso se les instauró un procedimiento administrativo y un juicio político. Respondieron: no incurrimos en irregularidades, pero, de ser así, que se nos castigue con nuestras normas jurídicas y no con criterios políticos. Se trata de lincharnos para esconder la realidad de los crímenes que ocurren cotidianamente en Chihuahua.

Señalaron que el juicio político en su contra es improcedente y afirmaron que la resolución del tribunal de casación, que revocó la sentencia absolutoria a Barraza, es ilegal, porque se dejaron presionar por el Poder Ejecutivo estatal y por la sociedad.

Durante más de una hora, los jueces y su abogado, Maclovio Murillo, argumentaron en favor de la resolución con la que se absolvió a Barraza. Precisaron que la función del juez, en un juicio oral, no es investigar ni ayudar a alguna de las partes a demostrar su postura, ni dar eficacia a las pruebas que no reúnen los requisitos legales; hacerlo sería juzgar a partir de pruebas ilícitas violando la Constitución.

En la conferencia de prensa distribuyeron un documento, del cual leyeron algunos párrafos para respaldar su resolución absolutoria: No existió confesión, eso es falso, pues el imputado hizo uso de su derecho a no declarar y, por tanto, jamás admitió culpabilidad ante el Ministerio Público y/o ante los jueces.

Insistieron en que “la resolución de absolución estuvo apegada a derecho. Es falso que en el expediente se haya incluido la confesión: lo que hay son testimonios de oídas, como los siguientes: de Marisela Escobedo: declaró que ‘un joven de nombre Ángel Gabriel Maciel le informó que escuchó a Sergio Rafael Barraza, que mató a su ruca porque la encontró desnuda con otro hombre’.

“El testimonio de Ángel Gabriel Valles Maciel, de que ‘escuchó decir a Sergio que encontró a su esposa con otro hombre y por celos los tuvo que matar, que a ella le dio un balazo y a él también lo asesinó, pues que le había tirado unos balazos’.”

Además, según “testimonio de Rafael Gómez Rojas, padrastro del imputado, declaró que ‘les informó a elementos municipales que a su vez, Sergio Rafael Barraza a él le comentó que golpeó a Rubí Marisol, debido a que la sorprendió con un hombre en el hecho carnal’, agregando haber acompañado a los policías a realizar la inspección en el domicilio de la pareja donde no encontraron nada”.

Los jueces destacaron que desecharon esas pruebas porque no eran contundentes y el artículo 331 del Código Procesal Penal de Chihuahua dispone que los elementos de prueba no tendrán valor si han sido obtenidos por un medio ilícito. Establece además que la declaración del imputado sólo tendrá validez si es prestada voluntariamente ante el Ministerio Público o un juez y asistido por un defensor; esto, subrayaron, no ocurrió.

En el expediente sí constan testimonios de oídas que no tienen valor probatorio, y en esos testimonios subyace una declaración realizada ante particulares y policías, la cual carece de valor probatorio en el juicio por no haber sido rendida ante el Ministerio Público o un juez, y además no se contó con abogado defensor.

La juez Ochoa defendió el sistema penal oral. Dijo que es bueno, es más transparente,  pero que falta capacitación a policías y agentes del Ministerio Público.

Sostuvieron: Nosotros no declaramos inocente o culpable a Barraza, sólo lo absolvimos por insuficiencia de pruebas; el Ministerio Público no hizo bien su trabajo.

El abogado Ricardo Maclovio confirmó que sus defendidos analizan si solicitaránn asilo político a Estados Unidos.