La falta de acceso a créditos para que las familias puedan adquirir una vivienda, la ausencia de un adecuado ordenamiento territorial, las distorsiones en el mercado de suelo que incrementan su precio y ocasionan su especulación llevan cada año a que alrededor de 80 mil hogares se asienten irregularmente, señala el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

En un análisis menciona que de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) –en un inventario de suelo vacante que realiza–, hay 500 mil hectáreas de tierra disponible, para la construcción de casas en 121 ciudades de alrededor de 50 mil habitantes, la mitad de esa superficie está dentro de las urbes.

Indicó que en 2010 varios fenómenos naturales dejaron graves pérdidas materiales y humanas, sobre todo en Veracruz, Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Coahuila, lo cual evidenció omisiones que ha habido a lo largo del tiempo en materia de una política pública de vivienda sustentable en el país, a pesar de haberse planteado su necesidad en múltiples ocasiones.

En materia de ordenamiento territorial, planeación urbana y edificación de viviendas, el Estado ha llevado a cabo acciones tardías, reactivas e insuficientes, a pesar de su obligación de garantizar que las personas tengan acceso a un lugar donde puedan vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos, agregó.

Esto significa que una vivienda adecuada debe cumplir aspectos que le permitan satisfacer sus necesidades vitales y desarrollarse en sociedad, por lo que las autoridades deben garantizar la disponibilidad de servicios, la cercanía a las fuentes de empleo, establecer redes de conectividad con la ciudad, mantener la calidad ambiental, y proporcionar seguridad frente a fenómenos naturales, explicó el observatorio.

La organización señaló que la política en la materia favorece la especulación del suelo, lo cual se observa en los planes nacionales de desarrollo de la década reciente. En el periodo 2001-2006 se buscó reducir costos más que impulsar una visión global del derecho a la vivienda.

Para el plan nacional de desarrollo 2007-2012 se planteó un desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos, pero no se consideró establecer medidas para el mejoramiento y adquisición de viviendas entre la población con menores ingresos ni un desarrollo urbano para frenar la expansión desordenada de las ciudades, proveer suelo apto para desarrollo urbano y facilitar el acceso a servicios de salud, educación en comunidades tanto urbanas como rurales.

En cuanto a ubicación de viviendas, el Plan Nacional de Desarrollo sólo dice que se fortalecerán instrumentos jurídicos para dotar de atribuciones a las autoridades para evitar la concentración y proliferación de asentamientos humanos en zonas de riesgo.