El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, aseveró que las escuelas bajo ninguna circunstancia pueden ser espacios para el proselitismo político.

En breves declaraciones para La Jornada sobre las acciones proselitistas del Partido Nueva Alianza (Panal) en escuelas públicas de dos entidades, Lujambio sostuvo que corresponde a las autoridades electorales y ministeriales investigar esos hechos.

El asunto se da en el ámbito local. Por supuesto, la escuela no debe ser nunca un instrumento para la lucha político electoral. Pero los hechos no están claros. Las evidencias tienen que ser estudiadas por las autoridades. La Secretaría de Educación Pública no prejuzga sobre lo que sucedió, y será sin duda la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR o el fiscal de persecución de delitos electorales de Baja California Sur, en su caso, quien investigue y llegue a conclusiones enteras sobre lo que ahí sucedió.

El lunes pasado, La Jornada dio a conocer que en escuelas de Baja California Sur, simpatizantes del Panal –de Elba Esther Gordillo, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación–, con la complicidad de directivos, maestros y la estructura sindical del magisterio, reparten propaganda electoral en su favor entre los alumnos con el fin de que éstos lleven los mensajes políticos de los candidatos a los padres de familia.

Un día después, la dependencia –por conducto de su oficina de comunicación– señaló que no tenía conocimiento del caso, el cual caía en el terreno local, además de que no se podía prejuzgar la información.

Una vez evidenciadas las actividades de las huestes de Gordillo en Baja California Sur, padres y profesores de escuelas del estado de México informaron a este diario de actividades similares en algunos planteles de educación básica en territorio mexiquense.

En respuesta, Alonso Lujambio aseveró vía telefónica desde Ixtapan de la Sal, estado de México –donde participó en la reunión anual organizada por la Confederación de Cámaras Industriales–, que las escuelas bajo ninguna circunstancia pueden ser espacios para el proselitismo político.

Consideró que, dependiendo del marco jurídico, toca a la Fepade conocer de estos hechos con el fin de investigarlos “exactamente. Porque hay una discusión de si estaban adentro o afuera, que si eran los maestros que si no eran los maestros.

Y, claro, el delito se va a configurar dependiendo de quién lo hace, dónde lo hace y qué exactamente hace, y eso es algo que no tenemos claridad y solamente el Ministerio Público podrá llegar a definiciones precisas al respecto. Pero ojalá que lo haga para que el asunto se esclarezca y se mande un claro mensaje en el sentido de que ese tipo de actitudes es absolutamente inaceptable en el sistema educativo y en el sistema democrático del país.