Con el fin de ofrecer a la sociedad mexicana la seguridad de que jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentran sujetos a un régimen de responsabilidad administrativa, además del deber de guiar su conducta con honestidad, legalidad, probidad, lealtad y eficiencia, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un acuerdo general que precisa los procedimientos y las posibles sanciones a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas o penales.

Además se dará seguimiento a la situación patrimonial de magistrados, jueces, consejeros y funcionarios judiciales.

El documento, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, da mayores atribuciones al CJF en el proceso de investigación de faltas administrativas y abre la puerta para que, si en el curso de una investigación se encuentran irregularidades en la situación patrimonial de los funcionarios, se amplíe la indagatoria con el fin de determinar si los ingresos reportados ante la autoridad correspondiente son lícitos.

También prevé el texto –el cual fue aprobado en noviembre pasado, antes de que Juan N. Silva Meza, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y titular del CJF, sucediera en el cargo a Guillermo I. Ortiz Mayagoitia– que un servidor público sea separado del cargo durante la investigación, la cual no podrá durar más de seis meses.

El procedimiento de responsabilidad administrativa –que abarca desde magistrados y jueces hasta funcionarios jurisdiccionales y administrativos, incluyendo a los consejeros– puede iniciarse de oficio, por queja o denuncia, la cual puede ser presentada por cualquier persona o por el Ministerio Público Federal; es decir, la Procuraduría General de la República.

También se admiten denuncias anónimas, siempre y cuando estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes.

Las sanciones son las previstas en la ley y van desde la amonestación pública o privada hasta la destitución del cargo.

Además, la contraloría del PJF inscribirá en el Registro de Servidores Públicos Sancionados los castigos impuestos y las resoluciones emitidas por los órganos competentes.

Si en el transcurso de una investigación, los resultados obtenidos revelan alguna incongruencia con relación a los bienes que integran el patrimonio de un servidor público, el funcionario deberá aclarar su situación ante la contraloría, que entregará un informe al pleno del consejo.