Bruselas, 24 de enero. El Ejército mexicano comete graves abusos durante los operativos antidrogas y ha sido responsable de varias muertes, entre ellas la de niños baleados en un retén, afirmó este lunes en su informe anual Human Rights Watch (HRW).

La organización internacional también se refirió a la masacre de 72 inmigrantes en agosto pasado en Tamaulipas, y aseguró que el gobierno no ha dado los pasos necesarios para detener las violaciones contra los indocumentados.

Las fuerzas armadas “han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y violaciones sexuales”, expuso HRW en el informe.

La organización destacó el casos de dos niños de cinco y nueve años que murieron el 3 de abril, al ser baleados en un retén militar cuando su familia se dirigía a la playa.

El Ejército alegó que se trató de un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes; sin embargo, una investigación posterior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que los militares habían manipulado la evidencia encontrada en el lugar de los hechos y que los responsables de estas muertes eran soldados, añade.

El gobierno mexicano puso en marcha en diciembre de 2006 una ofensiva contra los cárteles del narcotráfico, en la cual involucró a unos 50 mil militares, sobre todo en las entidades fronterizas con Estados Unidos.

En estos cuatro años se han registrado más de 34 mil 600 asesinatos –según el gobierno– por disputas entre las organizaciones del crimen organizado y los muertos en las operaciones para perseguirlos.

En su informe, HRW también destacó las violaciones que sufren los miles de inmigrantes que cada año ingresan a territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.

Las autoridades (mexicanas) no han tomado los pasos necesarios para proteger a los migrantes y para investigar y procesar a los que abusan de ellos. Raras veces informan a los migrantes sobre sus derechos, como pedir asilo, y las autoridades son a menudo los autores de abusos, indicó.

En agosto pasado, 72 inmigrantes de Centro y Sudamérica fueron asesinados en un rancho de Tamaulipas localizado a un centenar de kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Uno de los sobrevivientes declaró a las autoridades que los asesinos forman parte del cártel de Los Zetas y que los ultimaron tras negarse ser reclutados.