A pesar de que en diciembre pasado se cumplieron tres años de que México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un análisis realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reveló que 26 códigos civiles estatales vigentes utilizan un lenguaje arcaico y abiertamente discriminatorio contra las personas con discapacidad.

Sólo Baja California, Distrito Federal, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas no utilizan lenguaje discriminatorio ni se refieren a discapacidades específicas.

Una de las contradicciones más evidentes en la legislación nacional (respecto a la convención) está en las normas que limitan el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, normas que se encuentran comúnmente en los códigos civiles y códigos de procedimientos civiles de los estados.

La capacidad jurídica se define como la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y para ejercerlos por sí mismo. La incapacidad se entiende como la ineptitud del sujeto para ejercer sus derechos y obligaciones y para actuar por sí mismo.

La incapacidad legal de ejercicio es la figura jurídica que afecta directamente a las personas con discapacidad, pues se les puede declarar incapaces, declarar nulos sus actos y nombrar a un representante legal que podrá tomar decisiones de toda índole en su nombre, incluso relacionadas con su patrimonio.

Lo anterior, explica el Documento informativo sobre la situación de personas con discapacidad en México. realizado por el Conapred, resulta en una total restricción a la voluntad de la persona que contraría el artículo 12 de la Convención, el cual se refiere al reconocimiento de los Estados Partes de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones para personas con discapacidad.

Ejemplos son los códigos civiles que señalan incapaces a los sordomudos que no saben leer ni escribir o los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aun con intervalos lúcidos.

La incapacidad legal afecta el ejercicio de derechos como contraer matrimonio, a la patria potestad o a decidir sobre sus bienes.

Del análisis realizado de 28 leyes federales o generales vigentes en México, cuatro leyes contrarían disposiciones de la convención, 10 ordenamientos no se ajustan a los contenidos, aunque retoman derechos relacionados y 14 leyes contienen disposiciones que establecen algún tipo de beneficio o derechos específicos para personas con discapacidad.